Debilidad. Manuel Velasco (izq), gobernador de Chiapas, está entre los señalados por la ASF.
Varios estados fueron denunciados penalmente ante la PGR por la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos para educación en 2013.
Entre los acusados están los gobiernos de Gabino Cué en Oaxaca, Manuel Velasco en Chiapas y Arturo Núñez en Tabasco.
Las denuncias fueron presentadas entre el 28 y el 31 de agosto de 2015 e incluyen también a las administraciones de Colima y Michoacán.
Estos datos están incluidos en el "Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas por la ASF", con corte al 30 de septiembre.
Las irregularidades en el manejo financiero de las entidades fueron detectadas en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
Se refieren al pago indebido a maestros que estaban en comisiones sindicales, pero cobraban como si estuvieran frente a grupo.
El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que los profesores asignados a otras labores deben separarse del cargo sin goce de sueldo.
En Oaxaca, se detectaron 9 mil 806 pagos indebidos a comisionados que sumaron 54.7 millones de pesos.
En Chiapas hubo un perjuicio económico de 31.1 millones de pesos, en el de Colima se detectó un posible daño al erario por 48.7 millones y en el de Michoacán se halló un pago por 4.9 millones a 33 maestros pertenecientes al SNTE.
La ASF confirmó que todas estas denuncias se encuentran en integración, es decir, que la PGR se está allegando de pruebas suficientes para consignar las indagatorias ante un juez.
Estas querellas se suman a unas 500 denuncias más que la Auditoría Superior ha presentado relacionadas con presuntos desvío de los fondos educativos.
Recortan dinero al plan antiviolencia
El Programa Nacional de Prevención del Delito, considerada una de las políticas prioritarias y de mayores dividendos durante la actual Administración federal, contara con 25 por ciento menos recursos el próximo año.
Según lo establecido en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, el Programa contará en 2016 con 2 mil 15 millones de pesos, esto es, 668 millones menos que este año, cuyo presupuesto asciende a 2 mil 683 millones.
Los diputados aprobaron sin modificaciones la propuesta de Hacienda, que sorpresivamente recortó una cuarta parte de los recursos que se destinan a las demarcaciones más peligrosas y vulnerables al fenómeno delictivo.
De acuerdo con datos del Tercer Informe de Gobierno, entre 2012 y 2014 el Plan Antiviolencia permitió reducir 35 por ciento la tasa de homicidios dolosos -por cada 100 mil habitantes- en las denominadas demarcaciones prioritarias de la estrategia.
A pesar de la reducción presupuestal, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció fortalecer el Plan Antiviolencia el próximo año a fin de incrementar el impacto de sus acciones.
Para compensar el recorte, se alinearán los programas y recursos de la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, y del Centro Nacional de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas áreas, encabezadas por Arturo Escobar y Elías Rafful respectivamente, han caminado por cuerdas separadas desde que arrancó el sexenio, a pesar de que desarrollan acciones similares y persiguen los mismos fines.
A más tardar el 15 de febrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá emitir los lineamientos para la distribución de los recursos del Programa, bajo los criterios de población beneficiada, incidencia delictiva y cobertura territorial. No obstante, la dependencia prevé hacerlo en diciembre.
La Subsecretaría de Prevención prevé modificar dichos lineamientos con respecto a 2015, que podrían tener impacto en el número y tipo de acciones que contempla actualmente, así como en la lista de demarcaciones beneficiadas.
Al menos 24 organizaciones civiles que se oponen a Escobar, entre ellas Incide Social y Cauce Ciudadano, han alertado sobre el riesgo de que el subsidio del Programa se desvíe para fines político-electorales en 2016, año electoral en 13 entidades del país.
El Presupuesto de Egresos contempla algunos candados para el reparto de los recursos; por ejemplo, las entidades deberán abrir cuentas bancarias específicas para la administración de los recursos federales.
Los estados también deberán remitir a la Segob informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del subsidio; las disponibilidades financieras del fondo; y el presupuesto comprometido.
A la baja
La Secretaría de Hacienda bajó el gasto del Programa Nacional de Prevención del Delito.
⇒ La Secretaría de Hacienda bajó el gasto del Programa Nacional de Prevención del Delito.
⇒ 2, 683 mdp se destinaron al Programa en 2015.
⇒ 2, 015 mdp es el gasto programado para 2016.
⇒ 668 mdp se recortaron a Prevención del Delito.
⇒ 25 % menos recursos se destinarán a demarcaciones más peligrosas.
⇒ 35 % bajó la tasa de homicidios dolosos de 2012 a 2014 con el Plan Antiviolencia.
