Realidades. Juan Méndez generó una ola de apoyos tras su análisis de la tortura en México.
Las fallas del Estado mexicano en derechos humanos han sido criticadas por siete organismos y expertos internacionales en los últimos seis meses.
La tortura, el maltrato y las desapariciones forzadas han estado en el centro de atención de diversos actores defensores de las garantías.
Apenas el martes, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, advirtió sobre las preocupaciones de su organización por la violencia en México y la falta de atención a los problemas humanitarios que ésta provoca, como la desaparición de personas.
En marzo, el Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, presentó su informe anual de actividades ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que señaló que la tortura era una práctica generalizada en México.
"La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener", acusó.
Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió también en marzo --durante la presentación de su informe anual de actividades-- que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es un caso aislado.
"He expresado en repetidas ocasiones mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y los vínculos entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala está lejos de ser un caso aislado", indicó.
A finales de marzo, Rosa María Ortiz y Paulo Vannuchi, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionaron en una audiencia pública en Washington los avances en materia de desaparición forzada, y preguntaron cómo hará el Gobierno mexicano para desmantelar la corrupción que hizo posible la desaparición de 43 normalistas.
En febrero, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó que en gran parte del territorio nacional hay un contexto de desapariciones generalizadas, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas y que ocurrieron incluso después de entrar en vigor la Convención, en diciembre de 2010.
En tanto, Amnistía Internacional advirtió en su informe anual, lanzado en febrero, sobre violaciones de derechos humanos contra indígenas, mujeres y niñas, periodistas, defensores de derechos humanos, manifestantes, migrantes y refugiados.
En su informe anual, presentado en enero, Human Rights Watch (HRW) advirtió sobre escasos avances en materia de derechos humanos, en particular en juzgamiento de asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura generalizados, perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.
Acádemicos coinciden con crisis en derechos
El grave déficit en materia de derechos humanos que vive México debe atenderse con apoyo de organismos internacionales, coincidieron expertos en la materia.
En los últimos seis meses, organismos y expertos internacionales han criticado las fallas del Estado mexicano en derechos humanos, en particular en materia de tortura y desaparición forzada.
Al respecto, los académicos concurrieron en que los organismos han hecho importantes denuncias para señalar la crisis de derechos humanos en México, pese a la resistencia del Gobierno federal para reconocerla.
"México vive una situación muy contradictoria: tiene un marco normativo muy moderno en derechos humanos, pero en la realidad vive regresiones muy importantes en violaciones a los mismos derechos", opinó Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"El Gobierno, los legisladores y los jueces tienen la enorme responsabilidad de convertir en normas la reforma constitucional (en derechos humanos), donde la intervención, opinión y exigencias de los organismos son aliados fundamentales".
Magdalena Cervantes, coordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM, agregó que los señalamientos permiten reconocer focos rojos, y que pueden aprovecharse para construir políticas públicas y renovar los diseños institucionales.
En cuanto al diferendo que se presentó entre la Cancillería y el Relator sobre Tortura de Naciones Unidas, aseguró que la tortura está ampliamente documentada en México y, por tanto, el Estado debe seguir las recomendaciones para prevenirla y abatirla.
"Se debe tomar profesionalmente, no como un ataque", dijo.
