La tarde de este viernes fueron localizados en el municipio de Tlaquepaque los cuerpos quemados de dos hombres y dos mujeres que presentaban huellas de tortura, informaron autoridades policiales; todos tenían aproximadamente 20 años de edad.
A las 11:00 horas la policía municipal recibió un reporte sobre la presencia de cuatro cuerpos tirados sobre una brecha del Cerro del Gato, en el municipio conurbado de Guadalajara.
Después de que los policías municipales encontraron los cadáveres solicitaron apoyo de agentes investigadores de la Fiscalía del estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes arribaron al lugar a las 13:00 horas y comenzaron a recabar indicios para integrar la investigación.
Según los primeros reportes, las cuatro personas presentaban impactos de bala y en algunos cuerpos había signos de tortura.
Aparentemente, las cuatro personas, cuyas identidades aún se desconocen, fueron quemadas en el lugar; dos de los cuerpos se encontraban a media brecha y se presume que uno o varios vehículos les pasaron por encima.
COMPARECE FISCAL ANTE EL CONGRESO
Esta mañana el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera, compareció ante el Congreso de Jalisco como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Aristóteles Sandoval; el funcionario fue cuestionado por los legisladores sobre el tema de las desapariciones en el estado, que según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas suman dos mil 152.
El funcionario indicó que durante lo que va de la presente administración se depuró el padrón de personas desaparecidas y se creó un grupo especial para buscarlas, mismo en el que trabajan en conjunto la Policía Cibernética y policías de campo.
Los diputados también cuestionaron al funcionario sobre el aumento de feminicidios en el estado y el fiscal tuvo que admitir que han aumentado en un 70%, pues mientras que en 2013 se registraron 20 casos, durante 2014 la cifra llegó a 34.
Otro de los temas que confrontó a Nájera con los diputados fue el de la tortura por parte de agentes de la fiscalía, pues a pesar de que hay recomendaciones al respecto emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y señalamientos de Amnistía Internacional, no hay ningún funcionario público procesado por estos hechos.