Integrantes del equipo de tercera división "Los Avispones de Chilpancingo" valoran interponer demandas por violaciones a sus derechos humanos el día del ataque a los normalistas; una de ellas, que a todos les practicaron pruebas para ver si ellos habían disparado la madrugada del 27 de septiembre.
En la quinta reunión informativa que familiares de los integrantes del equipo, cuerpo técnico y responsables de "Los Avispones" sostienen con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CAEV),- primer encuentro en el que se permite la presencia de medios de comunicación-, padres de familia de los afectados denunciaron que esa noche (27 de septiembre), peritos del Ministerio Público de Iguala obligaron a firmar a menores de edad su declaración.
Julio Hernández Barros, comisionado Ejecutivo de la CAEV, acompañado por especialistas de la dependencia e integrantes de la Secretaría de Gobernación federal, comentó que al momento han rendido declaraciones 22 víctimas directas e indirectas de los hechos ocurridos hace 102 días; sin embargo, será necesario que estas personas ratifiquen sus declaraciones.
En total, informó, hay 65 personas anotadas en el Registro Nacional de Víctimas a quienes el organismo acompaña para asesorarlos sobre sus derechos estipulados en la Ley General de Víctimas, la cual establece indemnizaciones del gobierno federal, que se otorgan de acuerdo al daño que recibió la víctima y la necesidad económica que ésta tenga.
Esta cantidad es independiente de las entregas económicas que tiene que realizar la Confederación Mexicana de Futbol y el gobierno del estado a la familia del jugador asesinado, David Josué García Evangelista "Pollito", monto que podría ascender al millón de pesos, pues así lo estipula la ley.
En la reunión, los padres de familia de los jugadores denunciaron que el gobierno federal no ha seguido los protocolos internacionales de atención a víctimas y pusieron como ejemplo que a todos los afectados esa noche (seis integrantes del cuerpo técnico del equipo y 22 jugadores los peritos de Iguala), les practicaron la prueba de Harrison Gilroy, que se realiza para saber si alguien disparó.
"Éramos 12 personas heridas, ese día en el hospital, algunos declaramos en el hospital a otros, varios niños en el MP, pero a todos nos practicaron las pruebas de Harrison, según ellos para deslindar responsabilidad", informó Facundo Serrano Urióstegui, director del Deporte del Ayuntamiento de Chilpancingo, responsable del equipo.
Entrevistada al término de la reunión que ocurrió en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la mamá de David Josué, Roberta Evangelista, denunció que a más de tres meses de los hechos no ha tenido respuestas claras por parte de las autoridades: ni el fideicomiso que se comprometió a pagar el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, ni otros pagos.
Hernández Barros admitió que aunque han acudido a la Normal Rural de Ayotzinapa a ver asistir a los estudiantes, al momento no han obtenido buenos resultados, los padres se niegan a dialogar con ellos.
Aceptó que ninguna de las víctimas de Ayotzinapa, de la masacre de Iguala, está anotada en el Registro Nacional de Víctimas que "es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley".
Además, dijo, hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no emita una sentencia o resolución por el caso Iguala, las víctimas no podrán acceder a indemnizaciones.
