La ONU y una mayoría de los miembros de su Consejo de Seguridad denunciaron las continuas violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte pese al rechazo de un grupo de países liderado por China a discutir la cuestión.
Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad celebró el segundo debate de su historia sobre la situación que se vive en la nación asiática.
Lo hizo a pesar de la oposición de varios miembros, que defendieron que al máximo órgano de decisión de la ONU no le corresponde tratar este asunto.
"Este no es el lugar adecuado", dijo el embajador adjunto chino, Wang Min, que consideró que este tipo de temas deben abordarse en otros foros como el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra y que acusó a Occidente de "politizar" el tema.
Así, China reclamó una votación para eliminar el punto de la agenda del día, una postura que respaldaron Rusia, Venezuela y Angola y ante la que se abstuvieron Chad y Nigeria.
Los otros nueve miembros, sin embargo, votaron a favor de llevar a cabo el debate, defendiendo que analizar la realidad que se vive en Corea del Norte entra dentro del mandato del Consejo de Seguridad, que es el encargado de velar por la paz en el mundo.
"Cualquier violación masiva y sistemática de los derechos humanos constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", dijo en ese sentido el embajador español ante la ONU, Román Oyarzun, que subrayó que el Consejo no puede "ignorar" lo que sucede en el país.
Según Oyarzun, dada la actitud del Gobierno norcoreano, "corresponde a la comunidad internacional asumir esa responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para proteger a una población que lleva sufriendo demasiado tiempo".
Una investigación desarrollada el pasado año por la ONU documentó violaciones masivas de los derechos humanos en Corea del Norte, con una situación que no tiene "ningún paralelismo en el mundo contemporáneo".
Los expertos de Naciones Unidas denunciaron asesinatos, esclavitud, torturas, violaciones y otros crímenes graves contra personas perseguidas por motivos políticos, religiosos, raciales y de género, lo que llevó hace un año al Consejo de Seguridad a tratar por primera vez ese asunto.
