Aprobada por la Cámara de Diputados una reforma constitucional que limita las posibilidades de endeudamiento de entidades federativas y municipios en el marco del clásico "después de niño ahogado…", las reglas vuelven prácticamente estéril la tarea de las calificadoras de deuda
Estamos hablando de las instancias que regulan la posibilidad de contratación de préstamos de acuerdo a las leyes del mercado, imponiendo calificaciones que empatan con el grado de riesgo.
Aun así, entidades como Coahuila, Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León se endeudaron muy por encima de sus posibilidades en relación a los ingresos.
En el caso de la primera, el nivel alcanza el 254.4 por ciento de sus participaciones federales; en la segunda del 245.7; en la tercera el 245.8 y en la cuarta el 200.4.
¿Bajo qué parámetro se les permitió rebasar los límites prudenciales, en un escenario que coloca en duda la posibilidad de recuperación de los bancos, dada la caída que tendrán éstas bajo el fragor de la baja brutal en el precio del petróleo?
El banco Interacciones, por ejemplo, a soslayo de las calificadoras de deuda, implantó sus propios límites prudenciales que se emplean al momento de contratar un crédito con alguna entidad federativa o municipio, constriñéndose su evaluación en 14 puntos críticos, y el voto de calidad en los Comités de Crédito de un consejero ajeno a premios por productividad.
El resultado se mide en su escasa cartera vencida.
Digamos que lo que para unos representa una opción para verificar la posibilidad de un acreditado de pago correcto y para otros la Biblia, para algunos más es prescindible.
Colocado el caso Coahuila, con un crecimiento de 340 por ciento en su deuda bajo el gobierno de Humberto Moreira, los focos rojos se prendieron ante la pasividad de las filiales estadounidenses de Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's y demás etcéteras instaladas en México.
De acuerdo a sus parámetros, las calidades crediticias oscilan entre el triple A con grado de inversión, hasta la D, en cuyo sótano una emisión de deuda en problemas se vuelve basura.
Según sus propios dichos, en sus cálculos usan modelos econométricos con distintas variables como deuda acumulada y la velocidad de devolverle en su ejercicio de valuación de cada analizada.
El caso es que en Estados Unidos les pasó de noche el exceso de créditos hipotecarios que provocó la mayor crisis de la última década para bancos de su país.
El caso es que en México se llegó a un escenario de colosal sobreendeudamiento de la Comercial Mexicana en el 2008, que la obligó a recurrir a un concurso mercantil.
Siendo emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, la firma estaba obligada a recibir el visto bueno de las calificadoras de cara a su colocación de deuda, en cuyo escenario se debían ponderar las riesgosas operaciones de derivados que realizaba.
El problema es similar al que enfrentan aún las empresas promotoras de vivienda Geo, Urbi y Homex, las tres en concurso mercantil, las tres cotizando en el piso de remates y las tres desbordadas en su posibilidad crediticia por la compra abusiva de reservas territoriales en lugares que se volverían prohibitivos.
Aunque su nivel es el inferior de la tabla, México mantiene aún su grado de inversión, es decir, certeza plena de pago, pese a que la deuda se ha multiplicado hasta llegar a 7.5 billones… cuando se menguaron los ingresos petroleros.
Y bajo ese mismo fardo, Petróleos Mexicanos sigue colocando una y otra emisiones de deuda, la última por 26 mil millones de pesos.
De acuerdo a los compromisos del llamado Pacto por México, que derivaron en la reforma financiera, se planteaba que las calificadoras de deuda garantizaran certeza total, vía la revisión de sus modelos paramétricos.
Hasta hoy no ha habido mayor acción.
¿Nos esperamos a que llegue otro escándalo?
BALANCE GENERAL
La noticia es que el nuevo director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol, despidió de un plumazo el lunes pasado a tres funcionarios relacionados con la actividad, el más significativo de ellos es Ricardo Zapata, director general de Asigna.
Con él se fueron Jaime Villanueva, director de Riesgos del Instituto para el Depósito de Valores, conocido como Indeval, y Antonio Olvera, director de Riesgos de la propia Asigna.
La razón se enmarca en un conflicto de interés.
Los hoy exfuncionarios habían contratado la asesoría de un despacho denominado Eurística… cuya propiedad era de los tres.
Haga de cuenta el acontecer cotidiano del gobierno.
Ellos, pues, le aconsejaban a ellos, cobrando cantidades de escándalo.
AMPAROS POR FICREA
En previsión de que se haga efectiva la orden de aprehensión que pesa en su contra por lavado de dinero, los dueños de la sociedad financiera popular Ficrea, Antonio Olvera y Carlos Pérez Grovas, presentaron una solicitud de amparo ante el Juzgado Décimocuarto de Distrito en materia Penal del Distrito Federal.
Olvera mantiene el 99 por ciento de las acciones de la instancia financiera que defraudó a centenares de clientes.
En la ruta también colocó una solicitud de protección de la justicia el Notario Público 17 del Estado de México, Alfredo Lara Velázquez, a quien se le involucra en la legitimación de documentos, y quien se encuentra formalmente preso en el penal del Altiplano.
La paradoja del caso es que simultáneamente los afectados están buscando la protección de la ley, en este caso contra la decisión de la Comisión Nacional Bancario y de Valores de extinguir la sociedad.
CUENTAS DE TÉLLEZ
Aunque la explicación que ofreció el expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores sobre la aparición de su nombre en las listas de depositantes del banco suizo HSBC de Suiza, es que se trata de una cuenta que tenía su padre, cuyo monto se repatrió en cuentas a nombre de su madre, sería interesante ahondar en la investigación.
La pregunta sería si la operación fue notificada a la Secretaría de Hacienda.
Como usted sabe, Téllez es uno de los integrantes del Comité del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, cargo que reclama total probidad.
El escándalo se conoce como el caso Swiss Leaks.
TRAJE A LA MEDIDA
A contrapelo de la transparencia que ha mostrado en anteriores licitaciones el Instituto Nacional de Antropología e Historia que encabeza María Teresa Franco, se está empañando el que plantea para la contratación de una póliza para protección de su acervo.
En el proceso participa un asesor de la firma AON que pretende incluir en las bases de licitación condiciones que parecen confección de un traje a la medida de algunos participantes.
Por ejemplo, se exige el que se contrate a determinado broker de seguros, lo que no está en la ortodoxia de ninguna licitación.
El escándalo habla de que la exigencia encarecería el costo del programa de seguros, además que es contrario a la legislación en la materia que señala a la compañía aseguradora contratada como única responsable ante el asegurado.
El vidrio, pues, se está enmugrando.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
