El presidente Peña Nieto ha vuelto a dar pruebas de su débil interés por la legalidad. En días pasados, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución histórica, permitiendo a cuatro personas sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar marihuana con fines lúdicos y recreativos.
El fallo responde al amparo presentado en 2013 por Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido en Contra de la Delincuencia, en compañía de Armando Santacruz, Josefina Ricaño y José Pablo Girault. Ninguno de estos ciudadanos se declara consumidor de cannabis y sus propósitos están lejos de ser comerciales. El amparo se hizo para que la Suprema Corte revisara la legislación. Como resultado, cinco artículos de la Ley General de Salud fueron considerados anticonstitucionales. Esto sienta un precedente para replantear la política general hacia las drogas, hasta ahora basada en el prohibicionismo.
Al conocer el fallo, Torres Landa dijo que se trata de un paso decisivo pero insuficiente, pues la ley no sólo debe beneficiar a cuatro posibles cultivadores, sino tomar en cuenta a todos los mexicanos. ¿Debemos esperar a que haya 120 millones de amparos? Lo lógico sería que se modificara la jurisprudencia.
Al argumentar su voto, el ministro José Ramón Cossío hizo una espléndida revisión del problema, señalando que la meta no debería ser resolver el caso puntual de cuatro quejosos, sino crear las condiciones para una "política integral en materia de drogas".
Cossío no aboga por la despenalización indiscriminada de los estupefacientes, sino por su regulación: "Que el consumo de cierta sustancia se encuentre permitido, no tiene como consecuencia que el Estado esté impedido para regular las conductas asociadas a tal consumo ni prevenir, atender o tratar sus efectos".
Si la Suprema Corte de Justicia juzga que cinco artículos de la Ley General de Salud son anticonstitucionales, el Congreso debe tomar cartas en el asunto. Posiblemente, ese ejercicio llevaría a mayores modificaciones. En su informe, Cossío menciona la necesidad de modificar nueve artículos de la Ley General de Salud y tres del Código Penal Federal. La pelota debe pasar a la cancha del poder legislativo. Al respecto, el ministro Cossío afirma: "Estimo que los efectos de la resolución que hoy se proponen deben incluir, como mínimo, lo siguiente: Exhortar a todas las autoridades del Estado mexicano involucradas en la política pública nacional en materia de drogas, a revisar el modelo prohibicionista a fin de replantear el marco normativo para evitar la violación de derechos humanos de los gobernados y enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública integral".
¿Cómo reaccionó el Presidente ante la evidencia de que cinco artículos son anticonstitucionales? En términos republicanos, lo lógico sería que, a partir de la sentencia de la Suprema Corte, exhortara al Legislativo a promulgar nuevas leyes. Pero la conducta republicana no es el fuerte de Peña Nieto. En vez de favorecer el trabajo de los otros poderes, busca entorpecerlos desde el suyo. Su respuesta fue pedir a la Secretaría de Gobernación que organice otro foro sobre la despenalización de las drogas. ¿Cuántos congresos se necesitarán para entender la gravedad del caso?
No han faltado discusiones nacionales e internacionales al respecto. Entre muchos otros documentos, recientemente se ha publicado Marihuana y salud, que recoge la reflexión sistemática que investigadores de distintas disciplinas han realizado en la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM y el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, bajo la coordinación de Juan Ramón de la Fuente. En el capítulo, "La marihuana ante la ley y la penalización de su consumo", los autores señalan: "La regulación legal del mercado de marihuana puede considerarse una alternativa para enfrentar con mayor responsabilidad un asunto que requiere de aproximaciones científicas, sociales, jurídicas e integrales para que se atienda de mejor manera una realidad a la vista".
Por desgracia, en la Presidencia esa realidad no está a la vista. Peña Nieto ha dicho que, "a título personal", se opone a la despenalización. Al pedir un "debate amplio" sobre lo ya discutido, busca una fórmula políticamente correcta para posponer las decisiones, aguardar cambios de ministros en la Suprema Corte, recurrir al recurso de "pasar la página" ante lo no resuelto.
La Suprema Corte se ha pronunciado y el Congreso puede hacerlo. En la Presidencia, la ley se valora "a título personal".
