La fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad del Altiplano I tal vez sea la más asombrosa de la historia reciente, no sólo en México sino en todo el mundo. Sin embargo, no es la única y tampoco la más indignante. El escape del líder del cártel de Sinaloa de lo que, según el discurso oficial, era la prisión más segura e inexpugnable del país, representa un eslabón más en una cadena de ignominia que confirma una y otra vez que el sistema penitenciario en México está carcomido desde sus cimientos. La fuga del "Chapo" forma parte de una larga secuencia que exhibe al Estado mexicano en toda su vulnerabilidad. Porque algo muy malo debe estar ocurriendo en un país cuyo gobierno no puede controlar lo que pasa dentro de los espacios en donde se supone que el imperio de la ley es más fuerte.
Lo que hasta ahora se sabe de la evasión de Guzmán Loera evidencia una serie de errores y omisiones increíbles de las autoridades en distintos niveles y dependencias, desde el interior del penal hasta las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional y la propia Procuraduría General de la República. El capo más buscado del mundo se fugó por un túnel de aproximadamente 1,500 metros de largo para el cual tuvieron que extraerse 3,355 toneladas de tierra durante por lo menos diez meses. "Nadie" se dio cuenta de esta obra y sus movimientos logísticos. "Nadie" desde las atalayas de la prisión. "Nadie" en los patrullajes aéreos y terrestres. "Nadie" desde el destacamento militar ubicado a 720 metros de la casa en obra negra donde presuntamente salió el reo.
Hoy se sabe que el narcotraficante fue un recluso privilegiado, ya que por decisión institucional nunca fue movido de la celda de la que escapó, cuando los protocolos del Altiplano I indican que debe haber una constante rotación de reos. También se sabe que varios días antes de su asombrosa fuga, Estados Unidos solicitó a México la extradición, pero la PGR ignoró dicha solicitud. Se sabe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había reportado que en el penal existía hacinamiento y que éste redujo los niveles de máxima seguridad. Las autoridades y todos en este país sabían que el "Chapo" Guzmán se había escapado ya antes de un penal de máxima seguridad y que por lo tanto requería de una vigilancia especial. El día de su fuga, la alerta demoró 30 minutos desde que los encargados de la videovigilancia perdieron de vista al peligroso reo. Media hora, suficiente para que el capo recorriera el túnel y fuera libre otra vez.
El segundo escape del "Chapo" es la epítome simbólica de la pudrición del sistema penitenciario mexicano. Es su expresión más absurda, pero no es la única. De 2009 a 2013 más de 1,000 reos se fugaron de las cárceles estatales y federales del país, de acuerdo a un estudio realizado por la investigadora Elena Azaola. Un promedio de cuatro cada semana. Además, el 65 por ciento de las prisiones de México cuenta con autogobierno, es decir, el Estado no ejerce en ellas el orden. Esta es otra forma de evasión de la acción del Estado. Desde las cárceles los reos pueden cometer delitos, como extorsiones, u operar redes criminales dentro y fuera de ellas. Y la población interna sigue creciendo. En diez años el número de varones recluidos aumentó 40 por ciento y el de mujeres se duplicó. No así las capacidades físicas, técnicas ni humanas. Las autoridades fueron rebasadas desde hace tiempo.
En Coahuila y Durango las historias de fugas son ampliamente conocidas. En septiembre de 2012, alrededor de 130 reos escaparon del penal estatal de Piedras Negras, Coahuila, en lo que entonces fue la evasión masiva más grande de la historia penitenciaria del país. En esa ocasión no tuvieron que construir un túnel, ya que según la Procuraduría de Justicia los reclusos salieron por la puerta. A la fecha, 31 de los fugados no han sido recapturados. En Gómez Palacio, Durango, durante el primer semestre de 2010 un grupo de reos de la prisión estatal salió armado en varias ocasiones a bordo de vehículos oficiales para perpetrar ataques en bares y quintas de Torreón. Decenas de personas inocentes murieron a consecuencia de estas evasiones solapadas por la autoridad. Una vez cometidas las matanzas, los sicarios regresaban al penal que prácticamente les servía como cuartel de operaciones.
Más allá de la fuga del "Chapo", es evidente que el sistema penitenciario mexicano es un fracaso en toda la extensión de la palabra. La reinserción social es un mito y el control del Estado sobre las cárceles ha sido acribillado por la corrupción. Lo que más llama la atención es que esta situación no es nueva, se conoce de sobra desde hace tiempo, y aún así ningún gobierno ha hecho lo necesario para corregirla. No cabe duda que uno de los principales factores de la descomposición del sistema es la colusión de las autoridades con los grupos criminales que expugnan las prisiones de acuerdo a sus intereses. Hoy que está en marcha una reforma de gran calado al sistema de justicia penal en México merece la pena preguntar ¿de qué servirán los cambios en los juicios y procedimientos de procuración e impartición de justicia en medio de las aguas nauseabundas que anegan las cárceles del país? Una reforma penal sin una profunda reforma penitenciaria no tiene sentido alguno.
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