La semana pasada el gobierno de la República presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa para aumentar los controles y restringir las facultades de los gobiernos estatales y municipales en la contratación de deuda pública. El crecimiento del endeudamiento de las entidades ha sido sostenido, desproporcionado y desaseado en los últimos años, y con la propuesta de Ley de Disciplina Financiera, el Ejecutivo federal reconoce de forma tácita que así ha sido. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Acaso los estados carecen de leyes y controles para evitar el endeudamiento irresponsable? Hay que ir por partes.
En los últimos diez años la deuda total de las entidades federativas ha crecido 3.5 veces, según datos de la Secretaría de Hacienda. De los 147,412.4 millones de pesos que sumaba en 2005 pasó a los 511,719 millones en el primer semestre de 2015. El mayor crecimiento lo concentran seis estados, que son los que también tienen el pasivo más grande: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Estado de México y Coahuila. La deuda sumada de estas entidades representa el 58 por ciento del total. Sobresale sin duda el caso de Coahuila, que ha tenido el mayor crecimiento de deuda en el país, ya que ésta se multiplicó por 108 en seis años. Además, Coahuila es la entidad con mayor deuda per cápita, 12,383 pesos, y es una de las que más comprometidas tiene sus participaciones. Coahuila prácticamente debe lo mismo que su presupuesto de egresos anual.
En la presentación de la iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, habló a nombre de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para intentar justificar por qué el incremento desmedido del endeudamiento. Dijo que los gobiernos estatales han tenido que recurrir a esta medida para hacerse de los recursos suficientes para atender las necesidades crecientes de la población. Pero fue el propio Luis Videgaray, secretario de Hacienda, quien puso el punto sobre las íes: el problema principal es la falta de transparencia en la contratación y aplicación. Y en esto nuevamente Coahuila sirve de muestra. De los 36,000 millones de pesos que dejó el gobierno de Humberto Moreira, 18,000 millones fueron contratados sin el aval del Congreso local; mientras que una cantidad similar no aparece explicada en las cuentas públicas. Es decir, la mitad de la deuda simplemente desapareció de los registros contables públicos de la entidad.
Una argumento que han utilizado los gobiernos estatales para justificar el crecimiento de la deuda, es la inversión en materia social. Es decir que, según el discurso oficial, una buena parte del dinero de los créditos contratados termina en manos de los ciudadanos más pobres. Pero las cifras que reportó hace unas semanas el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) desmienten este argumento, al menos en los casos del Estado de México, Veracruz y, otra vez, Coahuila. Las tres entidades se encuentran entre las siete que más aumento de pobreza registraron entre 2012 y 2014. La pregunta es pertinente: ¿adónde se fue el dinero de la deuda en esos estados?
Llama la atención que todas las entidades mencionadas cuentan con leyes de deuda y transparencia desde hace varios años. También poseen mecanismos de contraloría y auditoría. Sin embargo, ni las leyes ni los mecanismos sirvieron para controlar la contratación de deuda pública ni para sancionar a quienes no han aclarado en qué se invirtió el dinero de los empréstitos. Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto propone una salida similar a la ya explorada por los estados, es decir, una nueva ley que consta de seis ejes: I. La deuda adquirida en el sexenio debe ser pagada tres meses antes de concluir la administración (que ya existe); II. Los créditos debes ser destinados a inversión productiva (también existe); III. Todos los empréstitos deben ser inscritos en un registro público único para transparentarlos (algunos estados ya lo hacen); IV. Creación de un sistema de alertas de deuda pública para medir proporciones y compromisos; V. Aval del gobierno federal a algunos créditos solicitados por las entidades, y VI. Juicio político a gobernadores y alcaldes que incurran en anomalías.
No obstante, lo que ha ocurrido en estados como Coahuila permite deducir que no se está frente a un problema de falta de leyes, sino de voluntad y mecanismos adecuados que hagan valer las normas ya existentes y que garanticen el castigo a quienes incurren en irregularidades. Es decir, del paso de la transparencia se tiene que transitar al salto de la rendición de cuentas. Para ello, se requieren contrapesos efectivos, no afuera de los estados sino dentro de los mismos, y en los casos mencionados vemos que no existen y que los partidos en el poder prácticamente gobiernan solos. El gobierno federal pretende asumirse como ese contrapeso, una especie de árbitro y juez, a pesar de todos los problemas de confianza y credibilidad que acarrea en estos momentos. Además, el gobierno federal no es un modelo en el manejo de deuda. Entre diciembre de 2012 y junio de 2015 el saldo de los requerimientos del sector público creció 35 por ciento. Y así es como pretende poner más candados a las deudas.
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