La crisis económica en que tiene sumida al Estado de Coahuila la megadeuda generada por el moreirato, no viene sola. Está acompañada de un profundo deterioro humano y moral que denigra a los coahuilenses en general y pervierte la acción de gobierno de las autoridades locales haciéndola corrupta y autoritaria, con independencia de los males que nos aquejan a nivel federal.
Un síntoma de lo anterior lo ofrece la serie de iniciativas de leyes generadas por el Poder Ejecutivo de Coahuila en los últimos tiempos, como las que proponen la despenalización indiscriminada del aborto, la adopción de niños por parejas del mismo sexo y el divorcio exprés.
Estas normas legaloides en ocasiones están inspiradas en la exigencia de organismos internacionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas que contra la entrega de subsidios económicos promueven políticas demográficas que destruyen la familia base como base de la sociedad, y en otros casos como el de la ley reciente que prohíbe las corridas de toros mientras se mantienen las peleas de gallos y la cacería de especies animales, la prohibición se utiliza como arma arrojadiza en contra de un ciudadano específico que es opositor al gobierno, con una intención represora y vengativa.
Los ejemplos citados revelan demagogia pura, que el gobierno de Moreira utiliza con el deseo de trascender a la historia como supuesto moderno legislador de avanzada, y tiende una cortina de humo para disimular su incapacidad de mejorar la calidad de vida de los coahuilenses.
La novedad de la última semana es la llamada iniciativa de ley de estacionamientos públicos que promueven dos diputados incondicionales del Gobernador, que de acuerdo a información publicada por El Siglo de Torreón pretende prohibir a los establecimientos comerciales, cobrar a sus clientes el servicio de estacionamiento de vehículos al interior de sus instalaciones.
Otra pretensión de la iniciativa en cuestión, es la de obligar a las empresas en su condición patronal, a proporcionar a sus empleados cajones de estacionamiento gratuito al interior de sus instalaciones físicas.
En el primer caso, es cierto que existen negocios que cobran por el uso de su estacionamiento privado, y aunque tal medida pueda ofender a algunos de sus clientes, estos últimos pueden evitarla omitiendo el uso de tales estacionamientos o incluso dejando de concurrir a esos negocios y prefiriendo los establecimientos que cuenten con estacionamiento gratuito.
Cada empresa tiene la libertad de situarse en una posición de ventaja o desventaja comercial frente a sus competidores en cuanto a cobrar o no cobrar dicho servicio, por lo que el tema se inscribe en el rubro de la libre concurrencia comercial que es una garantía constitucional, que la iniciativa de ley en comento vulneraría en el supuesto de ser aprobada.
En el segundo caso, al obligar a las empresas comerciales a proporcionar a sus empleados cajones de estacionamiento gratuitos al interior de sus instalaciones, la iniciativa en comento es una intromisión de las autoridades estatales en la esfera de competencia de la legislación federal, que por mandato constitucional regula las relaciones y las prestaciones laborales de los trabajadores y en consecuencia, por este diverso motivo la iniciativa implica otra violación evidente a nuestra Carta Magna.
Si Moreira pretende erigirse en defensor de la economía familiar en materia de estacionamiento gratuito, podría empezar iniciando una ley que prohíba el cobro por estacionar vehículos en la vía pública, que como tal es propiedad de los coahuilenses y como consecuencia, que elimine el uso de parquímetros en todo el Estado.
