La semana pasada conocimos las decisiones de política que tomaron el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante el desplome de los precios del petróleo, la cada vez más cercana alza de tasas de interés en Estados Unidos (EU) y la depreciación pronunciada del peso frente al dólar.
Por un lado, Banxico decidió "mantener en 3 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, en virtud de que estima que la postura monetaria continúa siendo congruente con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3 por ciento" que, por cierto, ha sido incapaz de lograr por más de una década.
Siempre han sido eventos "temporales" los que han impedido alcanzar dicho objetivo, y ahora pareciera que precisamente ese tipo de eventos, como la eliminación del cobro de larga distancia telefónica, la suspensión de las alzas en el precio de la gasolina y la disminución en el precio de la electricidad, son suficientes para alcanzar y consolidar la meta.
Es muy probable que esas medidas y la aplicación de las tarifas eléctricas de verano contribuyan a que la inflación se ubique por unos meses por debajo del 3 por ciento, pero la segunda mitad del año y el 2016 serán una historia diferente.
Las tarifas eléctricas volverán a subir en el otoño y, para entonces, comenzarán a sentirse las presiones de la depreciación del peso sobre los precios internos, porque a menos que regrese la cotización del petróleo mexicano a 70 o más dólares por barril, el precio del dólar se mantendrá por encima de los 14 y hasta pudiera rebasar los 15 pesos.
Banxico debería anticiparse a esa eventualidad, ya que un cambio en la política monetaria, si bien tiene efectos inmediatos sobre las variables financieras, toma de 12 a 18 meses en afectar la actividad económica y las presiones sobre los precios.
Este rezago explica porqué la Reserva Federal (Fed) planea aumentar su tasa de referencia antes de que la inflación en EU regrese al 2 por ciento, y porque Banxico debería subir sus tasas desde ahora, en vez de esperar a que más adelante se materialicen las presiones inflacionarias asociadas a la depreciación del peso.
Por otro lado, las medidas de responsabilidad fiscal que anunció la Secretaría de Hacienda la semana pasada van, sin duda, en la dirección correcta, pero llegan tarde y, además, si el precio del petróleo se mantiene bajo y si, como se espera, suben las tasas de interés, son insuficientes para alcanzar la reducción de gasto público necesaria para enfrentar los retos presupuestales para 2016 y años subsecuentes.
Llegan tarde porque la mitad de los ajustes al presupuesto ocurren en Petróleos Mexicanos (Pemex), dos meses después de que las empresas petroleras en el mundo anunciaron recortes de gasto y despidos de personal, mientras que aquí, además del retraso en el ajuste, no se mencionó reducción alguna en su fuerza laboral.
Esta actitud refleja el temor de nuestras autoridades a las reacciones del sindicato de Pemex, a pesar de que con la reforma energética se insistió que dicha empresa se comportaría como cualquier otra en el mercado.
Por consiguiente, no es un buen comienzo para lo que, en principio, será una competencia abierta a partir de 2018. Las medidas no reflejan que Pemex se esté preparando para cuando pierda una parte importante de su clientela y no tenga la libertad de la que ahora goza para fijar el precio de sus productos sin temor a los competidores. Me preocupa, por tanto, que según se acerque esa fecha, nuestras autoridades cambien las reglas del juego, como lo han hecho en múltiples ocasiones.
La reducción de gasto, por su parte, apenas alcanza el 0.7 por ciento del PIB, monto ridículo en relación con los ajustes que son necesarios para evitar complicaciones financieras considerables tan pronto como el año próximo.
Seamos claros. El gasto público pasó de alrededor de 21 por ciento del PIB en 2006 a casi 26 por ciento el año pasado. Ese brinco de cinco puntos porcentuales se financió con los ingresos extraordinarios del petróleo y los flujos de capital que estimuló la política monetaria laxa de la Reserva Federal, que ayudó a que nuestro gobierno aumentara el déficit público, que después de estar en menos de uno por ciento del PIB por más de una década, rebasara el 2.5 por ciento desde 2009.
Los menores precios del petróleo y la inminente alza de tasas de interés reducirán ambas fuentes de financiamiento para el Gobierno, lo que obliga a que la reducción de gasto alcance varios puntos porcentuales del PIB, la mayoría de los cuales tendrá que provenir del gasto corriente. No me parece, sin embargo, que eso pueda lograrse con la racionalización del gasto en "asesorías, telefonía celular, viáticos, pasajes aéreos, entre otros".
