"La Ley se dicta, pero ni se aplica ni se cumple" aseveraba como máxima la conseja popular de la época colonial en todo el imperio español.
Después de la conquista de la América septentrional en 1521, la situación de los indígenas de la Nueva España era realmente inhumana. Los peninsulares se habían apoderado de ricas porciones de tierras y aguas, dentro de las cuales estaban incluidos pueblos enteros, éstos pasan a formar parte del peculio personal del encomendero, quien trataba a los habitantes de esos pueblos como esclavos. El Lic. Bartolomé de las Casas, quien luego tomaría los hábitos, envío varias misivas a los reyes de España, e incluso, acudió personalmente a la corte a presentar quejas formales del trato recibido por los nativos del nuevo mundo; condición contraria a las creencias religiosas de los conquistadores y del imperio español.
Sus católicas majestades peninsulares, escuchando las palabra del dominico, decidieron poner fin a tantos abusos y dictaron las llamadas "Leyes de Indias" una legislación surgida de la preocupación de la Corona por el constante maltrato a los autóctonos y promulgada para regular la vida social, política y económica entre los pobladores de la parte americana de su monarquía. El Emperador Carlos I de España convocó a una junta de juristas que propuso poner a los indígenas bajo la protección de la Corona.
Eran estas Leyes de Indias una recopilación de las normas vigentes en los reinos de Indias y estuvieron contenidas en nueve libros; en ellos se tocaban asuntos religiosos, la estructura del gobierno indiano con especial referencia a funciones y competencia del Consejo de Indias; deberes, competencia, atribuciones y funciones de virreyes y militares enfocadas a evitar arbitrariedades y otras secciones sobre la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de tributos, la organización comercial indiana y los medios de regularla.
Honestamente hablando, las Leyes de Indias constituyeron un monumento jurídico en la defensa de los habitantes naturales de la América Española; honraban en su contenido a sus autores; pero en la práctica carecieron de absoluta efectividad, la explotación de indígenas siguió por toda la época colonial y se prolonga hasta el México actual.
Con bombo y platillo se presentó la Ley General de Transparencia que promulgó el presidente de la república esta semana, y que, según él, será de carácter nacional y permitirá que el Estado mexicano adopte el prototipo de un gobierno abierto. Manifestó además que esta legislación cerrará espacios a la opacidad y discrecionalidad en la gestión pública y la hará más clara, además de que generará confianza en la sociedad, pues amplía la participación ciudadana en favor de la transparencia.
El mandatario destacó el compromiso de los representantes del Estado a favor de la transparencia y afirmó que esta nueva ley establece un nuevo paradigma para que los servidores públicos trabajen en conjunto con la sociedad, a fin de realizar su gestión abierta y cercana y amplía las causas por las que la población podrá "quejarse" de los funcionarios que no atienden la petición de información,
¿Deberíamos echar las campanas al vuelo? ¿Deberíamos sentirnos orgullosos de esta nueva "reforma legislativa"? pues no aún: ¨Porque caben algunas preguntas, ¿Cómo andan las penas para quienes incumplen? Sino, como dicen en el rancho, "Obligación que no castiga, no obliga". ¿Quién la va a aplicar? El amigo del presidente; el de la Función Pública; el que sigue investigando casas blancas. Además, acerca de la creación de consejos consultivos ciudadanos: ¿Quién o cómo se van a designar esos ciudadanos? Está claro que el presidente no conoce la experiencia de Coahuila.
Resulta que esta misma semana, una cosa rara llamada Índice del Derecho de Acceso a la Información en México informa que Coahuila posee el Primer Lugar en Transparencia en el país. Entendemos que esa curiosa organización lo que mide es "La calidad de las leyes de transparencia"; es decir, que este estado posee unas leyes magníficas, (ahora ya completamente inútiles con la nueva legislación federal), lo que no mide esa institución es la aplicación de dichas normas y menos aún, no mide las respuestas a las solicitudes de acceso a la información, que en Coahuila son prácticamente nulas; dicho de una manera más clara: Tener buenas leyes no implica tener buenas prácticas y aquí, más que en cualquier otro aspecto, =se ve, se palpa, se siente y se vive=. Así pues, de nada sirven leyes esplendorosas si no benefician al pueblo y solamente ayudan a que los fatuos gobernadores se adornen en discursos oficiales y ante sus superiores federales, tan ineptos como ellos.
Y bueno, otorgando el beneficio de la duda al gobierno de Coahuila: hace nueve meses que se aprobó la ahora inútil ley de transparencia más bonita de México; sin embargo, como ciudadano tengo derecho a preguntar: ¿Cuáles han sido los resultados de la misma? En ella se incluyen además del gobierno a sindicatos; OSC´s y hasta personas físicas a quienes se les brinden recursos públicos; se exigen también obligaciones para funcionarios públicos de entregar su declaración patrimonial en la cual estén contenidos, por lo menos, nombre completo del funcionario, su cargo, el sueldo que percibe y la relación de sus bienes inmuebles. Chulada de ley; pero: ¿Cuándo vamos a ver algo de su aplicación? Al menos la puntita del iceberg. Y también: ¿Qué va a pasar con esta ley que tanto han festinado el gobierno de Coahuila y los medios saltillenses adictos al erario del estado, ahora que la nueva norma federal abarca todo el territorio nacional?
Lo único cierto hoy es que nuestros gobernantes y políticos continúan enriqueciéndose con el dinero popular a pesar de las leyes, decretos y hasta creación de Consejos Ciudadanos para la Transparencia, como el de Torreón, que no ha servido absolutamente para nada, que únicamente se ha reunido con el tesorero municipal para que les platique de que no son capaces de entender las finanzas públicas y para que cuando un consejero le realiza una pregunta difícil, este monta en cólera y regaña a todos.
Una vez más permítaseme recordar la frase de aquel diputado que en la discusión de la Constitución en Querétaro en 1916 sentenció:
-"Las leyes son para el mexicano como los trajes de luces: Brillan mucho, pero no abrigan".
