Dudas. Eduardo Bohórquez considera que el fiscal anticorrupción poco cambiará sobre el tema.
El país necesita más que un fiscal anticorrupción para abatir un problema tan complejo, dice Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, frente a la designación pendiente en el Senado de esta nueva figura.
El sistema anticorrupción que se había propuesto, agrega, es algo más complejo que un zar o un fiscal, "porque son muchos los cambios que deben aplicarse en un número pequeño, pero sofisticado de instituciones".
Estos cambios incluyen, por ejemplo, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, que necesita más "dinamismo, flexibilidad y capacidad de investigación", dice Bohórquez.
También considera necesario crear un tribunal de responsabilidades y revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales en esta materia para definir nuevos tipos jurídicos para la corrupción, como el cohecho y el enriquecimiento ilícito.
Es un cambio de paradigma, dice, y el principio de una serie de reformas que deben ocurrir y que comienzan apenas con la designación del fiscal anticorrupción.
Esta figura, explica, no sólo deberá perseguir delitos de servidores públicos, sino también relaciones corruptas, "en las que tanto quien corrompe como quien se deja corromper, o quien extorsiona como el que es extorsionado, tengan responsabilidad en los casos en que hubiera delitos asociados con corrupción".
QUE SE PERSIGA DE OFICIO
Bohórquez advierte que uno de los cambios más urgentes para combatir la corrupción -y que se previeron en el sistema-- es que los asuntos puedan perseguirse de oficio. Es decir, que puedan investigarse a partir de que se conocen públicamente, "porque lo que hemos vivido es una especie de feria de denuncias públicas, que no se presentan ni se ratifican ante el Ministerio Público".
La denuncia debe ser sólo una de las posibles entradas al sistema anticorrupción, pero lo que realmente ha dado buenos resultados en otros países es que los asuntos se persigan de oficio, insiste. El sistema mexicano, en cambio, está basado en la lógica de la denuncia y eso es parte del problema.
Por eso, agrega, además de la denuncia que podría presentarse en cualquier ventanilla de las instituciones que formen parte del sistema anticorrupción, habría que pensar en aquellos casos en los que no haya denuncia, pero se tienen que investigar.
"En muchos casos de corrupción no hay una denuncia de por medio y por eso quedan impunes", dice.
LOS CAMBIOS PENDIENTES
El director de Transparencia Mexicana advierte que hubo un cambio de paradigma en la discusión anticorrupción. "Se abandonó la idea de que un solo órgano podía enfrentar el problema y se asumió que es necesario un conjunto de instituciones muy bien coordinadas para enfrentar un problema tan complejo como la corrupción".
Quedó claro, explica, que lo que había aprobado el Senado como comisión anticorrupción, al final del período de 2013, no era lo que el país necesitaba.
→ Cuáles son los desacuerdos?
Hay diferencias sobre el papel de la ASF y sobre la gobernanza de este modelo anticorrupción. Entiendo que hay diferencias técnicas y de carácter político alrededor de este tema. Pero yo diría que este es el principio de un conjunto de reformas que tendrán que hacerse.
"El riesgo está en no aprobar rápidamente el marco constitucional para esta materia, porque no podremos entrar a las definiciones mucho más técnicas y precisas que se van a requerir para cada una de las instituciones del sistema", afirma Bohórquez.
"Lo que estamos discutiendo es el gran proyecto arquitectónico, después vendrá la ingeniería y la fontanería, y otros aspectos mucho más relevantes del sistema anticorrupción. Pero en este momento estamos en la primera etapa de muchas reformas que se tienen que hacer", dice.
→ ¿Transparencia está acompañando la discusión en el Congreso?
De manera indirecta, como el resto de las organizaciones civiles y la academia. A diferencia de otras iniciativas, como lo fue la Ley de Transparencia, no hay un rol acordado por los partidos políticos para las organizaciones de la sociedad civil. Estamos siguiendo, como todos los demás, la discusión en esta materia.
"Pero el Congreso no tiene más alternativa que la aprobación del sistema. Hay un clamor popular, y no sólo de la comunidad académica y las organizaciones civiles, por reducir el riesgo de que se presenten más casos de corrupción, por inhibir conductas deshonestas entre empresas y servidores públicos. No tiene alternativa, salvo avanzar en este tema".
→ ¿Qué pasaría en los estados?
De aprobarse la iniciativa que está en el Congreso, los estados tendrían una versión local equivalente del sistema nacional anticorrupción y, tal y como se hizo en el caso de la reforma de acceso a la información pública, en los casos en los que la autoridad local no sea capaz de procesar un asunto, podría ser atraído por la autoridad federal.
