Los senadores mienten sobre la información que han hecho pública de sus gastos en 2014.
Y es que dieron por publicados los reportes sobre contrataciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios de todo el año pasado... a pesar de que permanecen en la opacidad una parte de ellos.
En el informe de cumplimiento de los Lineamientos de Racionalidad Presupuestaria durante el periodo enero-diciembre de 2014, la Cámara aseguró que la información relacionada con esos gastos fue transparentada a través de su sitio oficial de internet.
Sin embargo, los legisladores federales no han rendido cuentas sobre los últimos tres meses del año pasado, ya que los informes sobre recursos materiales sólo llegan hasta el mes de septiembre.
Según el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y un acuerdo parlamentario, el Senado debió cumplir con esa disposición.
"Se deberá informar vía Internet, al término de cada trimestre del ejercicio: las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados, y los servicios contratados", señala el documento en el que presumen el cumplimiento de las disposiciones.
RETRASAN APERTURA
Aunque tienen en sus manos el manejo de más de 11 mil 400 millones de pesos, sólo para 2015, las cámaras de Diputados y Senadores decidieron darse un período de gracia para cumplir con las obligaciones contempladas en la nueva Ley General de Transparencia.
Las disposiciones, turnadas al Ejecutivo federal para su publicación, mantienen un candado en el régimen transitorio para que la información sobre el manejo del gasto en el Congreso se haga pública hasta que aprueben un "programa de reorganización administrativa".
En ese nuevo "programa", los legisladores federales determinarán los plazos para abrir la información.
A pesar de la polémica que generó en el Senado el agregado de última hora de ese transitorio, los diputados federales decidieron ratificarlo.
De esa manera, las obligaciones en materia de transparencia en el Congreso dependerán de la aprobación de un programa, que deberá concretarse, a más tardar, el 30 de agosto de este año, es decir, el último día de labores de los integrantes de la actual Cámara de Diputados.
El programa deberá incluir las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios y de las propias cámaras, sobre el uso de recursos que les son asignados, su tratamiento fiscal, ingresos, prestaciones y apoyo en dinero o especie.
También deberán incluir los recursos que asignados para realizar la función legislativa y de gestión, el régimen laboral del personal adscrito a las bancadas, comisiones y legisladores.
En el programa tendrán que contemplar las reglas para el uso, custodia, administración y disposición de los recursos públicos que no tengan la condición de dietas o contraprestaciones laborales.
"Las obligaciones genéricas y específicas que corresponden a las cámaras del Congreso de la Unión se harán efectivas conforme se implementen los programas de reorganización administrativa", indica el segundo párrafo del transitorio, que deja abierto el plazo de manera indeterminada.
En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, pidió a los órganos de Gobierno interno en San Lázaro adecuar y armonizar las normas internas a la nueva ley.
"El objetivo es que la Cámara de Diputados ponga el ejemplo y sea la primera institución en cumplir la legislación, una vez que entre en vigor", dijo.
El legislador del PRD informó que ya solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) disponer de personal especializado que capacite a los trabajadores de la cámara para guiarlos en las adecuaciones normativas.
