Caos. Imagen del bloqueo en una de las citadas autopistas, que generó un tremendo caos. (EFE)
Miles de personas inundaron ayer la Autopista del Sol, que comunica Ciudad de México con el puerto de Acapulco, para reclamar la aparición con vida de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y exigir la salida del Ejército del estado de Guerrero.
La marcha, que obstaculizó por varias horas el tránsito por uno de los carriles de la vía, es "la llama viva de la inconformidad social que ha causado la desaparición", afirmó Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los jóvenes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala.
"La llama permanece encendida para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Con esta manifestación estamos mostrando la contundencia de este movimiento social guerrerense", señaló durante la protesta.
Liderados por los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado, unas 20,000 personas partieron cerca del mediodía desde la estatua de El Caballito de Chilpancingo, capital de Guerrero, con rumbo a Acapulco.
En la primera línea de la marcha, como ocurre desde hace cuatro meses en las movilizaciones que reclaman justicia en este caso, los manifestantes portaban grandes fotografías de cada uno de los alumnos desaparecidos con la leyenda: "Vivos se lo llevaron, con vida lo queremos".
Con sombrillas y pañuelos en la cabeza, los manifestantes apaciguaron el intenso sol que los acompañó a lo largo del recorrido, que culminó con un mitin a la altura del Hotel Parador del Marqués.
El portavoz de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, dijo que no descansarán hasta lograr esclarecer la desaparición forzada de los alumnos.
"Si es necesario vamos a ir a cada rincón del mundo a exigir justicia", advirtió.
Los manifestantes también exigieron el retiro de Guerrero de los militares y policías federales, a los que acusaron de "hostigar" a los integrantes del movimiento que reclama la aparición de los alumnos.
"No claudicaremos pese a las amenazas de los gorilas militares y pese a las amenazas de la Policía Federal", dos "instituciones putrefactas y corrompidas que ya no son una alternativa", señaló Rosales.
Los familiares de las víctimas reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, pues al menos una decena de alumnos de la Normal Rural Ayotzinapa aseguran que los militares participaron.
El Gobierno ha insistido en que fuerzas federales no participaron en los hechos, pero hace varias semanas aceptó abrir los cuarteles para que los familiares buscaran a los jóvenes desaparecidos.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pidió ayer a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una copia de las fotografías y registros que tomaron miembros del Ejército el 26 de septiembre a los normalistas en Iguala.
Además, solicitó a la Sedena información sobre "la bitácora y todos los informes con los que cuente de los hechos que llevaron a la desaparición de los estudiantes".
"Si no se puede dar las copias simples, requiero una versión pública por ser un tema de relevancia y aplicarse la máxima publicidad", señaló el organismo.
En la movilización de ayer jueves los padres también reiteraron su advertencia de que no dejarán realizar las elecciones del próximo 7 de junio, en las que en Guerrero se elegirá gobernador, los miembros del Congreso y 81 cargos locales.
En el mitin se respaldó, además, a los pobladores de la comunidad de Petaquillas en Chilpancingo, quienes el pasado fin de semana exigieron la salida del Ejército de su demarcación y avalaron la vigilancia de policías comunitarios.
Según la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), los jóvenes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos tras una serie de ataques a tiros en los que murieron seis personas.
De acuerdo con integrantes de Guerreros Unidos detenidos, los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que se trataba de miembros del cártel rival Los Rojos.
Los familiares rechazan esta versión y exigen a las autoridades la presentación con vida de sus hijos.
