La inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República para cubrir la vacante que dejó el ministro Sergio Valls en la Suprema Corte de Justicia ya no puede leerse como un error más.
La postulación debe entenderse a la luz de la manifiesta intención de reponer el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial, así como sobre los órganos autónomos del Estado y, en ese ejercicio, pretender un imposible: restaurar el viejo régimen tricolor, dándole perspectiva transexenal. Los signos no se prestan a interpretación, apuntan en esa dirección.
La expansión y el blindaje del grupo en el poder están en marcha. Medina Mora es un eslabón de la larga cadena que se ha empezado a engarzar.
Un simposio de juristas y lingüistas habrá que convocar para demostrar la aceptación de "domicilio" y "residencia" como sinónimo legal. Y una cumbre de zalamería para destacar la "eficiencia, capacidad y probidad en la impartición -no procuración- de justicia", así como la "honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica", del recién diplomático desempacado.
A ese ejercicio intelectual será menester sumar la necesarísima operación política con Acción Nacional, cifrada en la práctica del canje: ustedes avalan a Eduardo Medina y, en cuanto los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva dejen la Corte, nosotros les damos un asiento.
El éxito de la operación arrojará por resultado una mayoría tricolor en la Suprema Corte con ligero tinte albiazul y apenas una perceptible brizna de independencia. Qué mejor para inaugurar los nuevos viejos tiempos.
En el documento que el consejero jurídico Humberto Castillejos preparó al presidente Enrique Peña Nieto con la terna de candidatos enviada al Senado, a fin de que este órgano resuelva quién debe ocupar el cargo de ministro, se destacan la virtudes de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco así como del embajador Eduardo Medina Mora y se asegura:
"Todos los aspirantes han residido en el país durante los dos años anteriores a la fecha del nombramiento".
A sabiendas de que es evidente que, desde 2009, Medina Mora residió en el Reino Unido y Estados Unidos donde se desempeñó como embajador, la propuesta presidencial se cura en salud:
"... el embajador Medina Mora Icaza de conformidad con lo establecido por el artículo 47, fracción I, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en relación con lo dispuesto en los referidos artículos (30 y 31) del Código Civil Federal, ha conservado el domicilio de su último lugar de residencia, es decir, en el Distrito Federal".
No residió en el país los últimos cinco años, pero conservó su domicilio y, entonces, cumple con el requisito. Sin embargo, hay un detalle. La misma Constitución, en su artículo 82 fracción III, al fijar los requisitos para ser presidente de la República no confunde residencia con domicilio, establece claramente: "Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia".
Si la Constitución no confunde los términos y el principio legal dicta que donde la ley no distingue, quien la aplica no debe distinguir, los senadores no pueden distinguir: Medina Mora incumple con el requisito de residencia.
Suponiendo sin conceder que los leguleyos le encuentran la cuadratura al círculo de explicar cómo es que Medina estuvo fuera del país sin dejar de estar en él, hay un punto en extremo delicado: al procurar justicia, Medina Mora fue reprobado por quienes imparten justicia con la Operación Limpieza. Cómo impartirá justicia quien no la supo procurar.
¿A título de qué venir a dar maromas sobre la ley?
La deficiencia jurídica de la propuesta presidencial tiene, en contraparte, la eficiencia política que explica el interés por postular a un amigo de Los Pinos en la Corte.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien no repara en cómo aumentar su peso en las decisiones de Los Pinos, fue el coordinador de asesores de la Procuraduría General de la República (2006-2008), justo cuando Eduardo Medina Mora ocupó esa posición (2006-2009). Cómo renunciar a un amigo en la Corte, aun cuando incumpla con los requisitos que exige ser ministro.
Asimismo, hay otro dato. El entonces procurador Medina Mora tuvo por directora general de Cooperación Internacional de la PGR a Jessica o Yessica de la Madrid Téllez, la mujer con la que tiempo atrás (2005) el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una relación laboral, vía una empresa de Televisa, en su campaña por la gubernatura del Estado de México. Una relación con algo más que presuntos ribetes sentimentales y en torno a la cual se han referido el diario The Guardian, así como el periodista Alberto Tavira en su libro Las mujeres de Peña Nieto (Océano) y el propio presidente Peña Nieto, aunque de manera tangencial, en la entrevista que concedió, a principios de 2012, a la periodista Katia D'Artigues.
En la política de los favores y el compadrazgo, no la de los méritos, se explica la postulación de Eduardo Medina Mora.
Las razones políticas de la postulación como ministro de Eduardo Medina Mora son obvias, las jurídicas no, como tampoco las de la experiencia del embajador en el campo de la impartición de justicia o la actividad jurídica.
Es claro que, no sólo en el ámbito del Poder Judicial, sino también en el Legislativo como en el de los órganos autónomos se expresa el manifiesto afán de reponer la predominancia del Poder Ejecutivo a costa del espíritu de colaboración, equilibrio e independencia que debería prevalecer entre ellos.
Falta por ver qué deciden los senadores en torno a quién debe ocupar el puesto de ministro de la Corte. Si, al final, Medina Mora es el designado se tendrá un ministro sin toga ni birrete, leal al Poder Ejecutivo... no necesariamente al Judicial.
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