En vísperas de la apertura de la nueva Legislatura de Coahuila el día primero de enero, el gobernador Rubén Moreira anuncia que enviará al Congreso una iniciativa de ley, para despenalizar el aborto.
El aborto implica causar la muerte del feto humano en formación en el seno de su madre. El sistema jurídico mexicano ha considerado históricamente al aborto como un delito, que sólo por excepción no es castigado en casos de violación o cuando la vida de la madre está en peligro.
Sin embargo, diversas tendencias promovidas desde centros de poder internacional interesados en acabar con la familia natural, impulsan el aborto como política pública con propósitos de ingeniería social y control de la natalidad.
A esas tendencias responde la legalización del aborto aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 24 de abril de 2007, en la que una coalición de diputados priistas y perredistas autorizó la práctica del aborto a petición de la madre. La ley en comento generó además políticas de apoyo a la práctica gratuita del aborto, por instituciones de gobierno que habiendo sido creadas al servicio de la salud pública, ahora son utilizadas como centros de exterminio.
Una vez aprobada la Ley fue objeto de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emprendida por la Procuraduría General de la República en tiempos de Felipe Calderón. El 29 de agosto de 2008 la Corte resolvió que la ley que promueve el aborto no es inconstitucional, porque a su juicio el texto de la Constitución General de la República no dice de modo expreso que (la Constitución) proteja la vida humana desde el momento de la concepción.
Lo anterior es una aberración porque contrario a lo resuelto, la Constitución Mexicana protege la vida humana en toda su plenitud, en cuanto a que no hace distinción alguna respecto a que tal derecho a la vida excluya a un niño en formación, a un anciano decrépito o a un discapacitado.
La sentencia de la Corte viola además el Pacto de San José, Costa Rica, que en nuestro país tiene rango Constitucional por haber sido ratificado por México en la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 3 de febrero de 1981. El tratado internacional referido protege la vida humana desde la concepción de modo expreso, por lo que el argumento esgrimido por nuestro máximo tribunal resulta deleznable.
Frente a la sentencia inicua que es objeto de comentario, en diez y ocho Estados de la República la sociedad y legisladores que están en favor de la vida modificaron en cada caso la Constitución de esas entidades federativas, para el efecto de precisar de modo textual que la protección a la vida humana inicia al momento de la concepción y así desactivar el pretexto invocado por la Corte.
Lo anterior es un triunfo que enorgullece a la sociedad de estados tan diversos como Oaxaca, Guanajuato, Colima, Querétaro, Nuevo León, etcétera, que consiguieron ese importante logro mediante un esfuerzo de participación. Los habitantes de esos estados no son superhombres ni extraterrestres; se trata de ciudadanos mexicanos como nosotros, por lo que los coahuilenses estamos obligados a superar la apatía cívica y hacer algo respecto al gobierno que padecemos.
A estas alturas, el debate sobre el tema establece una perversa dialéctica de oposición entre el bienestar de una madre y la vida del hijo que lleva en su seno. Las leyes proaborto ofrecen una puerta falsa, en lugar de que sociedad y estado protejan a la madre y al niño que está por nacer.
En el caso a Rubén Moreira no le interesan ni las madres en apuros ni los hijos no deseados. Sólo en Coahuila se da el caso de prohibir el empleo de animales en los circos dizque para protegerlos, al tiempo que se pretende autorizar el crimen que implica el aborto. En nuestro Estado la despenalización del aborto es sólo una cortina de humo más, para distraer a los ciudadanos de la quiebra económica, de la megadeuda, de la corrupción y de la debilidad institucional, que son producto del mal gobierno de los Moreira.
