que medir los logros".— Grover Norquist
Al final hay que entender que la política es un negocio. No trata --por lo menos no en nuestro país- de dar mejores servicios a los ciudadanos o de lograr que éstos gocen de un mejor nivel de vida. Lo importante es cuánto se puede cobrar a cada paso.
El gobierno de la ciudad de México tomó la decisión correcta de no prohibir Uber y Cabify como exigían los líderes de los taxistas que ven en riesgo su negocio de manejar placas que alcanzan precios cercanos a los cien mil pesos en el mercado negro. Pero el de la capital es finalmente un gobierno de políticos y su decisión no podía tomarse con un simple reconocimiento del derecho que tienen los gobernados de usar una nueva tecnología que facilita el transporte en mejores condiciones de calidad y seguridad.
El gobierno optó por aprovechar la presión de los líderes para cobrar un impuesto nuevo de 1.5 por ciento a Uber, Cabify y otros sistemas similares y de establecer además un mínimo de 200 mil pesos en el precio de factura de los autos que otorguen el servicio. Éste un monto superior al de muchos autos que actualmente operan en Uber y en Cabify. Quienes adquirieron los vehículos más baratos perderán su inversión, pero defender a los ciudadanos no es el negocio de los políticos.
La motivación del gobierno en el nuevo impuesto es, como siempre, obtener más dinero de los ciudadanos. Nos dicen que en este caso el recurso se utilizará para apoyar la "movilidad" y subsidiar a los taxis (léase, a los líderes de los taxistas). Los capitalinos que quieren gozar de un mejor servicio tendrán que pagar este costo adicional.
Dice el gobierno que el impuesto no se repercutirá a los clientes, pero todos sabemos que eso es falso. Todos los impuestos, absolutamente todos, los pagan los ciudadanos. Las empresas no hacen más que repercutirlos en precios más altos, en menor inversión o en menor calidad en el servicio.
El gobierno de la ciudad de México no es el único que muestra que la política es simplemente un negocio. El gobierno federal aplicó una fuerte alza de impuestos a partir de 2014. La principal consecuencia ha sido una desaceleración de la economía nacional, que en lugar de estar creciendo cerca de 4 por ciento al año, como se había previsto en un principio, lo está haciendo en menos de 2 por ciento, con la cual ha logrado elevar de manera muy importante sus ingresos. Los ingresos tributarios del sector público crecieron 11.3 por ciento en términos reales en 2014 y el impuesto especial sobre producción y servicios distintos de gasolinas y diesel subió 52.3 por ciento.
El beneficio del gobierno, sin embargo, ha producido una caída en el bienestar de la población. Ayer se dio a conocer la Encuesta de Gasto e Ingreso de los Hogares 2014 que nos señala un descenso de 3.2 por ciento en el ingreso corriente total de los mexicanos entre 2012 y 2014. El ingreso promedio de los hogares muestra una caída incluso superior de 3.5 por ciento.
Si realmente los políticos quisieran el beneficio de la población buscarían promover mejores servicios, como el de Uber, en lugar de castigarlos. Reducirían también los impuestos en vez de aumentarlos. Pero el tema de fondo es que la política es un negocio. Políticos y funcionarios buscan aumentar la recaudación, aunque el resultado sea negativo para la sociedad, porque podrán aumentar su gasto y comprar votos. Así ha sido la política desde los tiempos en que Julio César compraba los sufragios de los romanos. No tenemos que sorprendernos. Pero tampoco podemos dejar de señalarlo.
NO FUNCIONÓ
La economía mexicana sigue pagando las consecuencias del aumento de impuestos de 2014. En el primer trimestre de este 2015 el crecimiento del producto interno fue de sólo 0.4 por ciento, que anualizado nos da 1.6 por ciento. La gran esperanza de impulsar el crecimiento era la Reforma Energética. Pero el fracaso de la Ronda Uno ya demostró que la economía no va a crecer por impulso de la industria petrolera, por lo menos no de momento.
Twitter: @SergioSarmiento
