Negro negocio

Varios taxistas me dicen lo mismo. Uber no es realmente competencia. "Cada servicio tiene su público -me dice uno--. Así como el usuario de un taxi de calle no pide uno de sitio ni el de sitio uno de la calle, un usuario de taxi no necesariamente busca un Uber. Sus condiciones y precios son muy distintos." De momento sólo un grupo relativamente pequeño de la población se toma la molestia de → bajar y registrarse en la aplicación dando de alta su tarjeta de crédito.

Uber no es una amenaza para los taxistas sino para los líderes y dueños de flotillas. El sistema de concesiones gubernamentales está hecho para generar una escasez artificial y así un rentable mercado negro. Las placas de taxi del Distrito Federal alcanzan precios de entre 60 mil y 95 mil pesos. Si no me cree, busque usted las ofertas en la página Mercado Libre. El negocio es muy importante y los propios taxistas señalan que es controlado por algunos funcionarios y por los líderes de los taxistas.

Un taxista me cuenta cómo el dueño del sitio en que trabaja presionó a los conductores a participar en el bloqueo del Paseo de la Reforma del 25 de mayo. Al que no asistiera no se le permitiría trabajar durante tres días. Me dice también que a él y a sus compañeros se les presionó a apoyar a candidatos del PRD. Los mercados negros no pueden sobrevivir sin el apoyo de los reguladores.

Uber y otros servicios similares, como Cabify, han puesto en riesgo este negro negocio. Peor aún, han demostrado que la regulación ha perdido el rumbo y su razón de ser. La justificación del gobierno para regular el servicio de taxis es supuestamente garantizar la seguridad y el buen servicio para los usuarios. Pero el burocrático sistema de concesiones, placas, calcomanías, revistas y supervisiones ha fracasado en el intento de garantizar un servicio de calidad y seguridad. El servicio es malo y los asaltos y violaciones comunes. Lo único que ha garantizado el sistema de regulación gubernamental es un negocio ilegal de algunos funcionarios y líderes.

La estrategia contra Uber busca en principio prohibir este servicio o cualquier otro que no pase por la burocracia de la concesión. Este objetivo es el prioritario porque la libertad de contratación es la mayor amenaza de largo plazo al negocio negro. Recordemos que en un principio el secretario de movilidad de la ciudad de México, Rufino H. León Tovar, declaró que Uber sería simplemente prohibido por no cumplir con los requisitos del transporte concesionado. Posteriormente, y supongo que por decisión del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, se inició el proceso de revisar las reglas y las opciones en el que nos encontramos en este momento.

Si no se logra la prohibición, el objetivo alternativo sería regular y cobrar impuestos a Uber a un nivel que elevara de tal manera sus costos y redujera su calidad que quedara en el mismo nivel que el servicio de taxis. De momento parece que ésta será la solución que propondrán los beneficiarios del sistema. Por lo menos así el negocio no desaparecería.

Uber y otros servicios de la economía colaborativa, como Airbnb para el alquiler de habitaciones y casas, demuestran que en un mercado en libre competencia el consumidor es mejor supervisor de calidad o precio que el gobierno. La regulación para taxis, efectivamente, ha servido más para generar negocios turbios que para servir al usuario. Si los reguladores realmente tuvieran el valor de deslindarse de estos negocios, la solución de fondo sería reducir la carga regulatoria de los servicios que demuestren que, a través de la interacción con el pasajero, están en posición de otorgar un mejor y más seguro servicio.

 DINERO CRECIENTE