La Cancillería rechaza de forma tajante las conclusiones de funcionario de la ONU, mientras que ONG alertan sobre viraje en colaboración con órganos de derechos humanos.
El Gobierno mexicano se opone a aceptar que la tortura es una práctica generalizada por la connotación que tiene el término en el derecho internacional, reconoció el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo.
Según el Estatuto de Roma, la tortura generalizada es considerada un crimen de lesa humanidad, por lo podrían llegar casos a la Corte Internacional de La Haya.
"El adjetivo tiene un significado muy preciso en derecho internacional y tiene que ver con situaciones donde hay una política de Estado de violación a los derechos humanos, en un contexto de comisión generalizada de violaciones en contra de la población civil, en forma sistemática y con conocimiento de causa de parte de quien lo perpetra", señaló en rueda de prensa.
"A eso nos oponemos, porque (en) la situación que se vive en México, por más que enfrentemos zonas de vulnerabilidad, desafíos y fragilidades institucionales, que han sido reconocidas por el Estado, en modo alguno se puede decir que las instituciones del Estado no funcionan o que no están en un tránsito hacia mejores estándares, como es el caso del sistema de impartición de justicia".
Indicó que el término implicaría que la tortura ocurriera en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, en los tres niveles de gobierno y en todo el momento del proceso, desde la detención hasta la sentencia firme y durante el cumplimiento de la condena.
