Desde 1995, México "no ha alcanzado una calificación de 4" en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, afirmó Cecilia Licona Vite, titular de la Dirección de Estudios de Constitucionalidad, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP).
Eso significa que en casi 20 años, explicó, el país sólo avanzó cuatro décimas, al pasar de una calificación de 3.1 en 1995 a 3.5 en 2015, en una escala donde cero es una percepción de alta corrupción y 10 de un país limpio.
Durante la conferencia Reforma constitucional en materia de Anticorrupción, convocada por la Cámara de Diputados, la investigadora destacó que de 2000 a 2009 México pasó de ser la novena economía más fuerte del mundo al lugar 14, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
México también cayó en el Índice de Competitividad 2010-2011, del Foro Económico Mundial, en el cual pasó del lugar 42 al 60, de una lista de 182 países.
Estos indicadores proyectan la alta percepción de corrupción que hay sobre México, en el exterior y en el mismo país, dijo la investigadora.
Con base en los índices internacionales, los países mejor calificados en su desempeño productivo son Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Singapur, Suecia y Suiza, que obtiene arriba de 9 puntos.
Esta calificación, dijo, evidencian que "el combate a la corrupción es factible y que un país no tiene por qué padecer de ese grave flagelo", aseguró Licona.
La experta informó que el Congreso tiene el compromiso de concluir las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción, antes del 28 de mayo de 2016.
Estas son: la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la ley general para responsabilidades administrativas que armonice a los tres órdenes de gobierno, la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Explicó que a las normas estatales y federal sobre responsabilidad de servidores públicos, se añadirá una ley general.
