Con la reforma constitucional para regular el endeudamiento de los estados y municipios aprobada ayer por el Senado de la República, los gobernadores y alcaldes sólo podrán contratar deuda para proyectos de inversión, y no así para gasto corriente.
También están obligados a refinanciar o reestructurar sus deudas con las mejores condiciones del mercado o, de lo contrario, no podrán contraer nuevas obligaciones o préstamos.
La reforma constitucional, que estuvo en discusión cinco veces en el Senado, también abre la posibilidad de que los mandatarios locales y estatales que hagan mal manejo de la deuda enfrenten procesos judiciales.
En adelante, "los servidores públicos locales serán responsables por el manejo indebido de la deuda pública", afirmó el senador priista Enrique Burgos.
Estados y municipios sólo podrán contratar deuda para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
Las obligaciones de corto plazo además tendrán que liquidarlas a más tardar tres meses antes del término del período del gobierno correspondiente para no heredarlas a la siguiente administración.
Los Congresos locales, por su parte, sólo podrán aprobar la contratación de nuevos créditos con mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes), y se establece el proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá celebrar empréstitos en favor de las entidades federativas.
Priistas, panistas y perredistas coincidieron en tribuna en que las deudas locales eran un problema que urgía resolver.
ERA URGENTE
El priista José Francisco Yunes, presidente de la Secretaría de Hacienda, destacó que las deudas locales equivalen a 3.1 % del Producto Interno Bruto Nacional, (PIB), y advirtió que "un endeudamiento que no se maneje con criterios de responsabilidad y que no responde a principios de solvencia puede generar complicaciones para el futuro".
Yunes aseguró que el objetivo de estos cambios es la transparencia y garantizar que los empréstitos contratados por estados y municipios sirvan realmente a la inversión y atención de las demandas sociales, con un uso financiero eficiente y racional.
El panista Víctor Hermosillo destacó que con la reforma se garantiza que los gobernantes no abusen de las deudas, que "después van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos", mientras "ellos se lucen temporalmente", aunque "mucho de ese dinero no sabemos a dónde se fue, porque es una nebulosa de corrupciones".
La senadora perredista Dolores Padierna destacó que las reformas "corrigen la dinámica de corrupción" y "por fin vemos 'candados' que impiden que esta dinámica pueda continuar".
Alejandro Encinas, por su parte, aseguró que de 2007 a la fecha se triplicó el endeudamiento de estados y municipios, al pasar de 186 mil millones de pesos a 509 mil millones al cierre del 2014.
Por ello consideró que que dotar de mayores facultades al Congreso para fiscalizar el ejercicio de la deuda en estados y municipios no es un acto de injerencia en la vida de los estados, sino que se fortalece la labor de fiscalización de los recursos y, en el caso del Senado, para enfrentar el abuso y corrupción en que han incurrido algunos gobernadores.
