El Estado mexicano ya anuló una vez mi voto. En 1976, cuando el único candidato presidencial oficialmente registrado era José López Portillo, el proscrito Partido Comunista postuló a Valentín Campa. Yo anoté cuidadosamente su nombre completo en mi boleta, pero ésta, junto a las de todos los demás que votaron por él, fue anulada. Al final López Portillo fue declarado presidente con el 100 por ciento de los votos validos. Porfirio Díaz se conformó con el 98.93 por ciento en 1910.
En otra ocasión, en 1988, mi voto fue robado. En esa elección sufragué por Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional. El PRI y el gobierno montaron un operativo para impedir su triunfo, al parecer orquestado por el entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral Manuel Bartlett, hoy senador por el Partido del Trabajo.
Quizá por estos antecedentes hoy no me da la gana regalarle mi voto a nadie. Prefiero votar por el menos malo. Los únicos beneficiarios del sufragio nulo o de la abstención son los partidos hegemónicos, los que compran el voto o acarrean a electores a las urnas. La abstención y las boletas nulas sólo abultan el porcentaje final de esos partidos. Los malos políticos son electos por ciudadanos que no votan.
Ninguno de los candidatos es perfecto, pero tampoco yo lo soy. Me parece de una arrogancia extraordinaria pensar que porque ninguno piensa exactamente como yo debo descalificarlos a todos. Hay diez partidos políticos y múltiples candidatos para cada puesto, así como una amplia variedad de capacidades y posturas entre los aspirantes.
Las leyes electorales en México no son las mejores del mundo, pero tampoco las peores. En Estados Unidos sólo pueden operar en la práctica dos partidos políticos. En el Reino Unido, cuna de la democracia, el sistema de elección directa sin representación proporcional significa que los Demócratas Liberales (los Lib Dems) obtuvieron el pasado 7 de mayo 7.9 por ciento de los votos, pero sólo 1.2 por ciento de los escaños parlamentarios.
Las seis reformas electorales de 1977 a 1996 fueron a mi juicio positivas y permitieron la alternancia pacífica de partidos en el poder, que México nunca había experimentado. Del lado negativo, la de 1996 creó un sistema de financiación pública de los partidos, supuestamente para impedir que el narco los penetrara, pero generó un incentivo perverso para la creación de partidos como negocio.
Las dos últimas reformas, de 2007 y 2014, fueron un retroceso porque "espotizaron" las campañas y establecieron reglas excesivamente complejas que en vez de promover una mayor equidad judicializaron los procesos. A pesar de estos retrocesos, seguimos teniendo mejores reglas que muchos países plenamente democráticos.
La CNTE y sus aliados buscan impedir las elecciones en Oaxaca y Guerrero porque saben que en elecciones libres no podrían colocar a sus líderes en posiciones de mando. Prefieren capturar el poder a través de "asambleas populares" que controlarían. La agenda de estos grupos es clara, pero hoy encuentran a un aliado inesperado en el movimiento anulista. La idea de que anular el voto obligará a la clase política a cambiar las reglas me parece simplemente ingenua. Llevamos ocho reformas electorales desde 1977. Una novena no va a cambiar los problemas fundamentales del sistema, y quizá los empeore.
Respeto a quien decide libremente abstenerse o anular su voto. El Estado, sin embargo, no debe permitir que se impida por la fuerza el sufragio a quien quiere ejercerlo. El voto no puede ser una obligación, pero sí es un derecho. El Estado debe protegerlo ante quienes buscan violentarlo.
Yo, por lo pronto, sí pienso votar. No me hago ilusiones. México no se transformará por mi sufragio. Pero siempre es más sano que quienes ocupan cargos públicos sean electos y no impuestos por grupos de poder.
DECLARACIÓN PÚBLICA
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha hecho pública su declaración patrimonial en el portal www.servidorespublicos.gob.mx. Es una decisión valiente y saludable.
Twitter: @SergioSarmiento
