A inicios de los noventas, equipado con un recipiente que marcaba claramente los diez litros, recorrimos varios depósitos despachadores de gasolina y comprobamos que en algunos establecimientos daban menos de la cantidad solicitada, no se descubrió nada nuevo, solamente se comprobó lo que mucha gente había denunciado… Hoy, más de veinte años después, el problema persiste, así como muchos otros problemas que dañan a la sociedad y que sólo se comentan, pero no se atienden, mucho menos se resuelven. En aquel entonces se publicó la información ofreciendo las acciones que demostraban el ilícito y las autoridades defensoras del consumidor actuaron para cancelar el servicio en dos o tres gasolineras, aunque después volvieron a funcionar. Durante la semana pasada, en el programa Contextos del Grupo Radio Estéreo Mayrán, se entrevistó al representante de la Procuraduría Federal del Consumidor en nuestra ciudad o región, a quien se le mencionó que algunas gasolineras siguen dando menos combustible del que se cobra, lo que equivale a un robo; las respuestas del funcionario no convencieron a quienes estaban en la mesa, menos al público que escuchó el programa. No solamente en este caso, sino en muchos, se aprecia siempre que la autoridad se esfuerza más por proteger al que comete el delito que al perjudicado. Se comprueba una vez más que es y será muy difícil lograr que los dueños de esas gasolineras sean honestos y despachen la cantidad que se pide y se paga, se detecta la impotencia de la autoridad al pensar enfrentarse con un poder económicamente muy fuerte. Uno de los presentes le dijo al funcionario de la Profeco que él había sido víctima del abuso cometido en una gasolinera y ¡sopas! recibió como respuesta… ¿y denunciaste el caso ? La pregunta es quien siendo engañado y afectado en una gasolinera va a recurrir ante la autoridad para denunciar y señalar el caso, iniciar un trámite en una denuncia, ser citado, ir a comprobar y demás, estando consciente que lamentablemente no hay credibilidad en el actuar de la autoridad, en este caso, de la defensa del consumidor. La dependencia federal no tiene el suficiente personal, ni el suficiente equipo. El mismo funcionario reconoce que cuando llegan a las gasolineras los entretienen un rato mientras desactivan los ajustes en las bombas para dejarlas en estado normal y la medición sea la correcta, reconoce que no todas las bombas despachadoras han sido revisadas y al final de toda su exposición asegura que la situación ha cambiado, que ahora sí se le tiene respeto a la autoridad defensora del consumidor, claro que no es cierto; sin embargo, como sucede en otros casos, se termina diciéndole a la autoridad que se sigue confiando en su actuar. Resulta que en todos los problemas sociales de nuestra región, el culpable es la víctima, porque no denuncia. Más de veinte años después el agua se sigue desperdiciando, la gente sigue tirando basura en la vía pública, la CFE sigue cobrando de más y muchas gasolineras siguen robando.
Por Martín Chávez
