Contrario al discurso político en el que se promueve intensamente la protección a niños y mujeres, con invitaciones enmarcadas con recitaciones llamativas en las que se asegura un apoyo total a estas personas, el Consejo de la Judicatura decide suprimir los juzgados de primera instancia en materia Civil y Familiar de los Distritos Judiciales de San Pedro de las Colonias, Torreón y Río Grande, con residencia en las ciudades de Francisco I. Madero, Matamoros y Allende, argumentando que la carga de trabajo o el número de expedientes es bajo y no compensa el gasto que demandan estos tribunales. Los institutos de la mujer, el mismo Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, saben que en las poblaciones más lejanas, se dan con más frecuencia los casos de violencia familiar y que en estos ejidos y colonias rurales la gente requiere de instancias cercanas y trámites sencillos para solicitar la aplicación de la justicia. La gente que vive en poblaciones rurales de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros y Allende se quedó sin juzgados, ahora en caso de que decida denunciar un hecho y pedir justicia, afrontará más obstáculos, le será más difícil, sencillamente más costoso y en conclusión estará obligada a soportar los abusos, ataques físicos y humillaciones en su contra. Por ejemplo, una mujer con hijos, casada con un borracho y con residencia en Charcos de Risa, una población que está a dos horas de Francisco I. Madero, constantemente es agredida por su esposo, se decide a mejorar su forma de vida y a denunciar su caso. Tendrá que viajar ahora hasta San Pedro para pedir la intervención de la justicia, esperar a tener respuesta y que del tribunal vayan a notificar hasta Charcos de Risa -cuando a veces los actuarios tardan semanas en hacer una notificación que está a dos cuadras de distancia--, e iniciar un trámite en el que se aprecia que la justicia está inclinada a favor del borracho golpeador. Declara la Judicatura que existen limitaciones presupuestales en el poder público y en el estado en general y por ello los juzgados mencionados suspenden actividad en los lugares donde funcionaron por más de diez años. En Coahuila existen problemas económicos, sin duda alguna, la famosa deuda nos tiene en la lona, pero por ningún motivo se puede justificar que a la gente pobre se le secuestre su derecho a pedir justicia, atenta la medida contra el Artículo 17 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes. En Coahuila, ahora este artículo fue ignorado, carece de validez y no se respeta, porque se consideran onerosos los gastos para permitir la administración de la justicia, no así los exagerados gastos que se hacen en otras cosas, como en viajes inútiles al extranjero que nada le han dejado a la entidad. Estoy de acuerdo, en Coahuila se atiende solamente lo que deja dinero, no lo que lleva a la anhelada seguridad y la paz social.
Por Martín Chávez
