¿A quién deberán responder de sus actos estos agentes?
¿A sus jefes o a la justicia mexicana?
La iniciativa enviada el pasado 24 de febrero al Congreso mexicano para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otras leyes complementarias, no es un asunto menor.
Desde tiempos inmemorables oficiales de agencias estadounidenses operan en México como enlaces y con la función de recabar e intercambiar información. El límite siempre ha sido la imposibilidad de realizar funciones que impliquen el uso de armas de fuego.
El tema plantea complejos escenarios más allá de la soberanía. De hecho si un gobierno invita a la presencia de tropas extranjeras en su territorio, quienes responden a la invitación no están violando la soberanía. El tema más delicado en realidad tiene que ver con atribuciones y responsabilidades.
El 15 de febrero de 2014, cerca de la ciudad de San Luis Potosí, un comando de Zetas emboscó un vehículo blindado en el que iban dos oficiales estadounidenses de la agencia ICE (Inmigration and Customs Enforcement). En la emboscada uno de los agentes murió y el otro quedó gravemente herido. Distintas voces oficiales y no oficiales en Estados Unidos argumentaron que si hubieran estado debidamente armados hubieran podido repeler el ataque. Se dice también que sí lo estaban, pero que sólo llevaban pistolas y que no tuvieron tiempo de usarlas.
Imaginemos otro escenario. Los agentes iban debidamente armados, pero al repeler el ataque se cruza un vehículo con una madre de familia y dos pequeños, que en la confusión son alcanzados por las balas de los agentes estadounidenses. Mismo puede ser el caso de un escolta de un mandatario extranjero, que en un momento de confusión utiliza su arma y hiere o mata a una persona inocente. ¿A quién deberán responder de sus actos estos agentes? ¿A sus jefes o a la justicia mexicana? ¿Tendrán inmunidad diplomática? ¿Con qué leyes se les juzgará en caso de incurrir en responsabilidad?
La idea de la preinspección migratoria, como funciona entre Estados Unidos y Canadá, es una excelente idea. Para los mexicanos que viajan a EU y para los estadunidenses que vienen a México sería un gran ahorro de tiempo contar con la preinspección migratoria y aduanera en aeropuertos de México, Guadalajara, Monterrey o Cancún. Sin embargo, ¿requieren los agentes estadounidenses de armas para cubrir esta función en instalaciones portuarias y aeroportuarias?
En lo que hace a mercancías, existe desde hace más de una década un sistema de preinspección aduanera. La mercancía se sella y registra electrónicamente desde el punto de origen. Al momento de llegar a la frontera la garita estadounidense ya cuenta con toda la información. Con una rápida inspección física pasa sin problema. No es una novedad. Y la inspección se hace en las garitas estadounidenses. ¿Se requiere de agentes estadounidenses armados en el lado mexicano?
Usualmente los nuevos programas inician con pilotos. ¿Por qué en este caso resulta necesario antes de cualquier piloto cambiar las leyes? ¿O es una precondición para seguir avanzando en la cooperación? La lógica puede ser muy simple. Son las reglas de las agencias estadounidenses. Sus agentes en funciones deben llevar su arma, para hacer su trabajo y para protegerse. Con esto darían carácter extraterritorial a su reglamentación. Sin embargo, resultaría paradójico que mientras agentes de los Grupos Beta, lo más cercano a una policía mexicana de migración no van armados, sus contrapartes estadounidenses lo estuvieran. No hace sentido.
No me opongo a la cooperación con Estados Unidos. Me parece necesaria y pertinente, sobre todo en los temas de seguridad. Sin embargo, tengo dudas de que la vía propuesta sea la más conveniente. Así planteado, prefiero hacer mi cola en los aeropuertos de Estados Unidos.
lherrera@coppan.com
