La transición de la televisión analógica a la digital está marcada por una serie de errores y enmiendas de parte de legisladores, órganos reguladores y hasta instancias jurisdiccionales, que siempre se resuelven en beneficio del duopolio televisivo o, al menos, de Televisa.
La historia comienza en 2004, cuando se publicó el "Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México", en el sexenio de Vicente Fox. En dicho acuerdo se determinó que temporalmente se le facilitaría a las televisoras un canal adicional para transmitir en formato digital, dejando claro en el mismo debían difundir la misma programación que transmitían en la señal analógica, es decir, era lo que se denominaba un canal espejo.
Pero desde allí empezaron los abusos y los correspondientes abusos. Entre los errores de este acuerdo se encuentra el de no haber prohibido desde ese momento la venta de televisores analógicos y así obligar a iniciar el cambio a televisores digitales, lo que sin duda hubiera repercutido en las finanzas públicas, pues se hubieran ahorrado, al menos una buena parte, de los más de 26 millones de pesos que han gastado en el reparto de televisores digitales.
Más allá de este error, que en realidad benefició al gobierno de Peña Nieto que aprovecho el reparto de televisoras para posicionar su imagen, fue TV Azteca la que aprovechó el canal espejo para transmitir nuevas señales de televisión, lo cual fue detectado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, por lo tanto, lo sancionó; la televisora, sin embargo, recurrió dicha sanción y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocó porque la competencia para ello era de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), no de la SCT. La televisora se salvó de la sanción y generó nuevos ingresos abusando de un canal que no era para ello.
La cadena de errores continuo con la iniciativa de reforma constitucional que envió a la Cámara de Diputados el presidente Enrique Peña Nieto, a nombre de los 3 partidos firmantes del Pacto por México, en marzo del 2013, donde dejaba al menos 3 grandes pendientes: no establecía que hacer con el espectro ganado en la transición, que finalmente se tradujo en un beneficio para los concesionarios que lo han aprovechado para difundir nuevas programaciones, sin costo alguno; la falta de claridad para determinar a los agentes preponderantes, que entre otras cosas se tradujo en que Televisa no fuese declarado como tal en el servicio de televisión restringida; y la falta de reserva de espectro para los medios públicos y sociales, que hasta hoy se manifiesta en la ausencia de una cadena pública.
La legislación secundaria (aprobada hasta julio de 2014, pese a que los transitorios de la reforma constitucional establecían que debía estar lista en diciembre del 2013) no únicamente no corrigió los errores, sino que los reforzó y agrandó. Particularmente en el caso de la "ganancia digital" consolidó lo ya señalado para permitirles beneficiarse de la multiprogramación. Lo mismo sucedió con la preponderancia, en este caso al establecer con precisión que la misma se establecería por sector y no por servicio, pese a lo establecido en el artículo 8 transitorio de la reforma constitucional, donde había suficientes elementos para establecerlo por servicio.
La demora de los legisladores en cumplir con las obligaciones autoimpuestas dificultaron la labor del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tenía plazos fatales para decretar la preponderancia por sector y licitar dos nuevas cadenas de televisión comercial en marzo de 2014, lo que hicieron sin conocer la legislación secundaria.
En cuanto a la declaración de América Móvil y Televisa como agentes económicos preponderantes en los sectores de las telecomunicaciones y radiodifusión, respectivamente, hasta el momento no ha habido contratiempos y las autoridades jurisdiccionales han ratificado la misma. Pero en el caso de la licitación de las 2 nuevas cadenas, sí hubo diversos contratiempos: primero la modificación de los plazos y las etapas de la convocatoria, en junio del 2014, 6 meses después de emitida para esperar a que los legisladores cumplieran con su obligación de emitir la legislación secundaria; y, aunque no puede atribuirse plenamente a estos errores, sin embargo, es un hecho que finalmente sólo pudo concretarse la concesión de 1 cadena y quedó pendiente para una nueva licitación, que presuntamente se realizará el próximo año, la otra.
Y el último error, al menos hasta el momento, es la reforma a un artículo transitorio de la reforma constitucional para posponer el apagón analógico para las llamadas televisora de baja potencia, que incluye televisión pública y social y televisoras complementarias comerciales. De acuerdo con lo señalado por Javier Corral, en la discusión en el Senado, de las 907 estaciones complementarias comerciales, 846 pertenecen al duopolio televisivo, que según el diputado Virgilio Caballero, deberían pagar multas de hasta 8 mil millones de pesos por no haber invertido en la conversión digital a pesar del plazo previsto hace varios años.
Como es evidente la transición de la televisión analógica a digital está plagada de errores y abusos, pero todos casualmente todos (salvo el de la venta de aparatos analógicos hasta el 2010, que finalmente benefició al gobierno de Peña Nieto) son en beneficio del duopolio televisivo, tanto por el mantenimiento de su control del sector como por las ganancias económicas que le han reportado.
