L Os padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos hace más de un año en Iguala, Guerrero, ya perdieron toda la confianza en las instituciones mexicanas y proponen seguir el modelo guatemalteco, es decir, dejar que sean las instancias internacionales (Organización de las Naciones Unidas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos) las que conduzcan las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos y fincar responsabilidades a fuerzas armadas, cuerpos de seguridad e incluso los políticos mexicanos involucrados.
Entre las 8 exigencias que le plantearon al presidente Enrique Peña Nieto en su entrevista, el pasado jueves 24 de septiembre, figuran dos que van precisamente en ese sentido: la creación de una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional; y la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, con la colaboración de la ONU.
El pasado viernes 25, al ser entrevistado en el noticiero matutino de Radio Fórmula, Fidel de la Cruz, vocero de los padres, a una pregunta expresa de Óscar Mario Beteta, conductor del noticiero, respondió tajante que confiaban más en las instancias internacionales (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y Equipo Argentino de Antropología Forense) que en las autoridades mexicanas.
Enfatizaba que no podían confiar en quiénes habían intentado engañarlos con la "verdad histórica" de que sus hijos habían sido cremados en el basurero de Cocula, lo cual señalaba ya fue tajantemente desmentido por los expertos internacionales.
Y ese mismo día, de acuerdo a información divulgada en el portal del periódico Reforma, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los desparecidos, expresamente señalo: "Lo que nosotros pedíamos (ayer en la reunión con el Presidente) es que la búsqueda ya no la hiciera la Marina, el Ejército, la Policía Federal, la Gendarmería…" y destacaba que su desconfianza surge de que estas instituciones de seguridad nacional contribuyeron a la hipótesis de que los estudiantes habían sido incinerados.
También descalificó la participación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, porque funcionarios de ambas instancias han estado cuestionando el informe del grupo de expertos.
Y precisó: "Se rompió la confianza con ellos, no hay confianza. Ustedes han estado viendo que ellos han estado cuestionando el informe de los expertos. ¿Cómo vamos a caminar con ellos en esta nueva investigación? ¿Cómo vamos a corregir la investigación, cómo vamos a enderezarla por la vía que nos dicen los expertos si ellos fueron los artífices de esa investigación?"
Pero la otra demanda es todavía más ambiciosa pues no se limita al caso que los ocupa, sino que buscan que la Comisión Internacional "…investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad." Es decir, en caso de que el gobierno mexicano aceptara la creación de esta comisión, la misma tendría que revisar la "Casa Blanca de las Lomas" de la esposa del presidente y la compra de las casas del mismo presidente en Ixtapan de la Sal y de Luis Videgaray, en Malinalco.
La desconfianza de los padres de familia en las autoridades mexicanas es entendible en función de la tragedia que han vivido en carne propia, pero lo más dramático para el país es que la misma se extiende a una gran parte de la población mexicana, como muestran las encuestas de cultura política que levantan periódicamente diversas entidades públicas y privadas.
La última evaluación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que publicó el grupo Reforma muestra que el porcentaje de la población que desaprueba su trabajo pasó del 30% en abril del 2013, es decir, cuatro meses después del inicio de su gobierno el primero de diciembre en 2012, al 64% en julio de este año, es decir, en 26 meses el porcentaje más que se duplicó; en contrapartida la aprobación pasó del 50% al 34%. La calificación numérica que le otorgaron a su trabajo también se redujo de 6.3 en la primera medición a 4.7.
Esta no es la única encuesta que muestra esta tendencia, pues incluso la encuesta levantada por Latinobarometro (organización de la sociedad civil que realiza estas encuestas de cultura política desde 1995), en el mes de enero de este año, muestra que el nivel de aprobación de la actuación del presidente es de 35%, 12 puntos por abajo del promedio latinoamericano de 47 y muy lejos del 82 que tiene el presidente de República Dominicana o el 72 de Uruguay; únicamente por encima de los mandatarios de Brasil, Paraguay y Perú.
La desconfianza en las instituciones obviamente tiene impactos muy corrosivos sobre la democracia, ya que se retroalimenta con la ausencia de estado de derecho, al no existir vías para hacer valer las leyes y los contratos, la mala calidad de los servicios públicos que no incentivan el pago de impuestos y una estructura política que no sirve al interés nacional, sino únicamente el de los poderosos. Por ello es consistente que únicamente el 19% de los mexicanos estén satisfechos con la democracia, el último lugar entre los 17 países de Latinoamérica y el Caribe en los que se levanta la encuesta y prácticamente a la mitad del promedio latinoamericano de 37%.
El presidente Peña Nieto y su círculo cercano no entienden el daño que el caso Ayotzinapa le causa a México y la democracia. Es devastador y crecerá más en la medida en que se empeñen en preservar su "verdad histórica".
