Reforma. Desde la visita que realizó a prisión, Barack Obama pide una reforma al sistema judicial.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo ayer una visita histórica a una prisión federal para pedir una reforma que "replantee" el sistema de justicia criminal, que ahora genera cárceles superpobladas, impone un estigma a los exconvictos e impacta de forma desproporcionada a negros e hispanos.
Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que visita durante su mandato una prisión federal, al recorrer la cárcel de El Reno, en el este de Oklahoma, y reunirse con seis presos encarcelados por delitos relacionados con las drogas.
"Estos son jóvenes que han cometido errores que no son tan diferentes de los errores que yo cometí, que muchos de ustedes cometieron", dijo Obama a los periodistas después del recorrido.
"La diferencia es que ellos no tuvieron el tipo de estructuras de apoyo, de segundas oportunidades, de recursos que les habrían permitido sobrevivir a esos errores", añadió el mandatario. Obama quiere aprobar este año en el Congreso una reforma del sistema de justicia penal del país, con el fin de reducir las sentencias a los condenados por delitos no violentos relacionados con las drogas, que afectan principalmente a los hispanos y a los negros.
Alrededor de 2.2 millones de personas están hoy bajo rejas en Estados Unidos, que concentra el 25 % de los presos del mundo, una cifra cuatro veces más alta que la de China y superior a la de los 35 países más importantes de Europa juntos, según la Casa Blanca.
"Tendemos a pensar que es normal que tantos jóvenes acaben en nuestro sistema de justicia criminal. No es normal. No es lo que pasa en otros países", afirmó ayer Obama.
"Tenemos que poder distinguir entre individuos peligrosos que necesitan que se les incapacite y se les encarcele, y jóvenes que están en un entorno al que se están adaptando, pero que podrían prosperar si se les da diferentes oportunidades, una visión diferente de la vida", agregó.
En 1980, el Congreso de Estados Unidods aprobó una reforma para que los condenados por delitos de drogas tuvieran que cumplir un tiempo mínimo de prisión.
