Los senadores exigen a todas las instituciones que reciben recursos públicos obligaciones que ellos no cumplen.
Los legisladores aprobaron un periodo de gracia de cinco meses en la nueva Ley General de Transparencia para arreglar su desastre administrativo y la discrecionalidad de sus gastos y poder así rendir cuentas como cualquier entidad pública.
"No hay forma de cumplir", reconoció el presidente del Senado, Miguel Barbosa.
La Cámara alta tiene un presupuesto anual de 4 mil millones y es opaca en su ejercicio.
Varios de sus colegas revelaron las razones: caos administrativo, opacidad, discrecionalidad en su gasto y hasta regímenes laborales y fiscales de excepción.
El panista Roberto Gil reconoció públicamente que los recursos para el pago de asesores son depositados directamente en las cuentas de los legisladores y ejercidos a cambio de la entrega de recibos simples que ni siquiera tienen validez fiscal.
"No hay ninguna regla, por ejemplo, relativa al uso de recursos en materia de gestión legislativa. Ninguna. No dice en qué se puede gastar, en qué no, cómo se documenta, cómo se acredita, cómo se comprueba, cómo se lleva la contabilidad de esos recursos.
"No hay una sola regla. Es la discrecionalidad pura y dura", aseguró Gil.
El senador blanquiazul Ernesto Ruffo coincidió en el manejo opaco de los recursos.
"Al personal se le pide un recibo simple con copia de su credencial de elector, pero no es un recibo con validez fiscal. Estamos en un régimen fiscal de excepción", dijo al explicar cómo pagan a sus asesores.
Alejandro Encinas, integrante de la bancada del PRD, advirtió que, gracias a la ausencia de normatividad, existen "hoyos negros".
Éstos permiten utilizar recursos públicos para el "pastoreo" de senadores o hasta para la contratación de campañas mediáticas, como lo han hecho los legisladores del PVEM.
Tras revelar que algunas comisiones legislativas reciben más dinero que otras, recordó que la Cámara alta entrega recursos públicos al PAN para pagar la renta de oficinas en la Torre Azul, inmueble que fue comprado, en su momento, con recursos provenientes del erario.
