La afirmación del Secretario de Finanzas Ismael Ramos, en el sentido de que la apertura de la información relativa al origen, destino y reestructura de la megadeuda de Coahuila, vulnera al actual Gobierno y pone en riesgo a la estabilidad económica y financiera del Estado, revela el talante opaco y obscuro del Gobierno de Moreira.
Las declaraciones del funcionario se producen a unos días de que el Instituto Estatal de Acceso a la Información, en un procedimiento iniciado por ciudadanos interesados en el manejo transparente de la cosa pública, dictara una resolución que obliga a la Secretaría de Finanzas a publicar la lista de acreedores en base a la cual, en fecha reciente el Congreso de Coahuila autorizó al Gobierno un endeudamiento por la cantidad de dos mil quinientos millones de pesos, que se dijo serían destinados a pagar adeudos con proveedores de la anterior administración.
De acuerdo a información publicada el sábado pasado por El Siglo de Torreón, Ramos asegura que "dar a conocer la lista de proveedores a los que se pagó... podría dañar al gobierno del Estado... los datos pueden ser utilizados dolosamente para promover medios de defensa y elevar los costos de los reconocimientos de adeudo...".
La declaración que antecede no producto de un error, sino una confesión de parte que revela la convicción, la naturaleza y la esencia del régimen. El Gobierno de Moreira no sólo es enemigo de la transparencia sino que también es enemigo del principio de legalidad que define a todo estado derecho, pues considera peligrosa la difusión de información pública, y con mayor razón si tal información es aprovechada por ciudadanos que pretenden hacer valer sus derechos ante los tribunales, en contra de los abusos de las autoridades. Mediante una expresión que no tiene precedentes en las crónicas de la peor burocracia, Ismael Ramos califica de "dolosa" la defensa legal de los derechos de todo ciudadano, y de esta suerte pinta de cuerpo entero al moreirato, como enemigo declarado de la sociedad.
Lo increíble en el caso es que las declaraciones que son objeto de comentario fueron vertidas por el Secretario de Finanzas, en una reunión con los diputados locales que integran la Comisión para el Estudio y Análisis de la deuda de Coahuila, lo que implica un escupitajo en el rostro de los coahuilenses porque al menos en teoría, el Congreso del Estado ostenta la representación del pueblo.
Pero además de ser opaco y enemigo de los derechos fundamentales de los coahuilenses el gobierno de Moreira miente y falta a su palabra. Lo anterior porque las declaraciones de Ismael Ramos contradicen a las expresadas por el Gobierno en los días en que se corría el trámite de autorización del endeudamiento ante el Congreso, cuando se comprometió públicamente a dar a conocer la lista de acreedores.
A pesar de todo tiene razón el moreirato en ser opaco y tener miedo a que la verdad nos haga libres, porque el vampiro sabe que está condenado a morir a la vista de los rayos del sol.
Como se ve ni la deuda original de treinta y seis mil millones de pesos ni los costos agregados en virtud de las diversas renegociaciones hasta la fecha, fueron resultado de un manejo fortuito y desafortunado de las finanzas, sino una acción planeada y deliberada para someter a estado y sociedad al control del grupo político faccioso que ostenta el poder en Coahuila.
A esa luz se entiende la quiebra del sistema de pensiones del Estado que presenta un déficit de cincuenta y cinco mil millones de pesos, los recortes que tienen sumido en la mediocridad el rendimiento de la generalidad de las dependencias, y el endeudamiento creciente del Municipio de Torreón que no sólo afecta a la estructura administrativa central sino a los organismos descentralizados, como ocurre en el caso del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas).
