Los intentos desesperados del gobierno, coqueteos al calce, para abrir una nueva etapa de relación con China de cara a la ira provocada por la cancelación u obstrucción de colosales inversiones, se podrán topar con otro episodio de tensión
Hete aquí que en el marco de la reconciliación, tras amenazas de funcionarios del país de la muralla de borrar a México de su mapa de apuestas productivas, se le dio luz verde al ingreso de China Telecom.
La firma participaría en la licitación para un proyecto calificado como el más ambicioso en la historia de las telecomunicaciones: La red pública compartida de servicios móviles de la banda de 700 megahercios.
La posibilidad se abre en el marco de la fórmula de asociación pública-privada en la que el capital sería 100 por ciento privado y la aportación del gobierno sería proveer el derecho de explotación de la banda.
La intención será cubrir, finalmente, la totalidad del país, en un escenario en que la cobertura se encuentra en 930 comunidades donde reside el 66 por ciento de la población, con cobertura para el 73 por ciento.
El país tiene 192 mil poblados con menos de 500 habitantes.
El ganador de la licitación operaría la red revendiendo los servicios al mayoreo a otros agentes que funcionarían como operadores móviles virtuales.
Las tarifas las fijaría el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En el papel, pues, lo chinos tendrían pie a un proyecto de grandes dimensiones.
Sin embargo, de resultar ganadora su firma, se le tendría que descalificar.
La razón es simple: Aunque la reforma en telecomunicaciones abre la puerta a la inversión extranjera directa al 100 por ciento en el ramo y al 49 en el capítulo específico de radiodifusión, China Telecom es una empresa de Estado.
La firma está controlada por China Telecom Group, de la que el gobierno chino tiene el 100 por ciento del capital. La controladora tiene el 70 por ciento de las acciones.
De acuerdo al artículo 18 de la Ley Federal de Telecomunicaciones está prohibida la participación directa o indirecta de gobiernos extranjeros como socios o concesionarios de vías generales de comunicación.
De acuerdo al propio ordenamiento, el espectro radioeléctrico y las redes públicas de telecomunicaciones son parte de las vías generales de comunicación del país.
El fiasco sería menor si la Secretaría de Comunicaciones y Transportes bajara del caballo a la empresa antes de abrirse el procedimiento.
De acuerdo a la ruta crítica prevista, el 17 de julio se publicarán las prebases del concurso, para lanzar la convocatoria el 29 de octubre… finalizando el primer trimestre del año próximo.
Hasta hoy 36 empresas han manifestado algún interés en participar.
Se diría, pues, que tras la entrega de los 20 millones de pesos en que tasó la propia SCT el daño a la empresa China Railway, quien lideraba un consorcio que ganó una licitación, cancelada más tarde, para construir y operar un ferrocarril de alta velocidad México-Querétaro, llegaría otro freno.
El país de la muralla acumuló otro agravio al cancelarse definitivamente el proyecto, alegándose falta de presupuesto.
A éste se agregan los obstáculos de cara a la posibilidad de un centro de exhibición y venta al mayoreo de productos chinos en Cancún denominado Dragon Mart, en cuyo escenario se acusa a la empresa promotora de atentar contra áreas naturales protegidas y operar sin la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental.
Ahora que frente a la grave crisis de la industria siderúrgica, la Secretaría de Economía está endureciendo sus medidas antidumping con evidente dedicatoria a las exportadoras de acero chino.
Acorralan al dragón.
BALANCE GENERAL
Otorgado finalmente por la Suprema Corte un amparo al Grupo Aeroportuario del Pacífico frente a la resolución de un tribunal colegiado que la obligaba a reconocer a Germán Larrea Mota Velasco como socio mayoritario, ahora éste tendrá que vender el 22 por ciento de su tenencia de la serie B para evitar sanciones.
Como usted sabe, por mayoría de ministros se resolvió que existe prevalencia entre los estatutos internos del conglomerado que prohíben una tenencia individual mayor al 10 por ciento de acciones en circulación, frente la libertad total que otorga la Ley del Mercado de Valores.
La respuesta al diferendo choca abiertamente con otra de cara a la acumulación que había alcanzado Banamex, a cuenta de clientes, de papeles del Grupo Vitro… en contrario el estatuto interno impide acumular en este caso más del cinco por ciento.
La justicia le dio la razón al banco.
Aunque el Grupo México no es monedita de oro, lo cierto es que detrás del episodio no está, como dicen, la necesidad de evitar compras hostiles, sino la de defender un esquema privatizados que permitió a firmas nacionales y extranjeras tomar el control de grupos aeroportuarios con apenas el 15 por ciento de capital, bajo la figura de "acciones de control".
La magia de los privatizadores.
ICA EN EL CALLEJÓN
A partir del triunfo electoral de Jaime Rodríguez, conocido como "El Bronco" en Nuevo León, las acciones del grupo ICA han sufrido una serie de descalabros en su cotización.
La razón se inscribe en la posibilidad de que el gobernador electo cancele a su llegada al poder la posibilidad de un colosal acueducto que se extendería de Veracruz a un lugar cercano a la capital de la entidad federativa.
El escándalo por el alto costo de la obra, cuyo monto llegó a 46 mil millones de pesos, había provocado que el candidato independiente utilizara el tema como bandera electoral.
Naturalmente, aunque en la obra participaría el Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, ICA tendría una parte importante del contrato.
AXTEL CRECE
En medio de versiones sobre una posible venta o alianza estratégica con la Telefónica México, Axtel acaba de presentar en un evento internacional en Francia una solución denominada "Red como servicio", es decir, la posibilidad de solicitar servicios y administrar sus capacidades de red a través de un portal en línea, haga de cuenta un autoservicio.
En el evento participaron firmas como Oracle, Info Visto, Júpiter Network y PCCN Global. El 60 por ciento de la clientela de la empresa con sede central en Monterrey la constituyen corporativos privados y el aparato público.
AÑO DE HIDALGO
En la cumbre del inaudito, ahora resulta que se pueden cambiar violación de leyes por objetos utilitarios. El curioso trueque lo permite la Delegación Coyoacán.
Hete aquí que a una empresa que construye un edificio en el número 162 de la calle de Irlanda se le permitió derribar árboles centenarios a cambio de una "donación" de tres motocortadoras... de árboles. La "licencia" tiene la firma del delegado.
El predio es de 500 metros cuadrados.
