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Otro fraude de Oceanografía

Empresa

Alberto Barranco

Del dicho al hecho, la posibilidad de declarar en quiebra a Oceanografía tiene aún un obstáculo: las querellas en su contra interpuestas por la empresa Exincomer, a quien se le despojó de una concesión para operar una terminal portuaria en Campeche… para otorgársela a la compañía en el banquillo.

En la danza se ubica al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y a la empresa del gobierno de la entidad federativa denominada Administración Portuaria Integral de Campeche.

La posibilidad de justicia se topó con bloqueo de denuncias, tráfico de influencias, amenazas a medios periodísticos y falsedad de declaraciones ante autoridades.

Se estima que en el lapso en que la firma de Amado Yáñez usufructuó indebidamente la concesión, se realizaron cinco mil operaciones sin que se hayan rendido cuentas.

El cálculo habla de un pago omitido de 300 millones de pesos anuales.

Más aún, en el absurdo, hete aquí que la Administración Portuaria Integral le entregó un préstamo de 52 millones de pesos, y el Gobierno de Campeche avaló una colocación de deuda… que no se ha cubierto.

Las omisiones, de acuerdo al artículo 41 fracción II de la Ley de Navegación son causal para la revocación de la concesión.

El caso es que ésta se ubica en la masa crítica del concurso mercantil al que se sometió a la contratista de Petróleos Mexicanos, cuya administración está en manos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE.

La crónica de un despojo se inicia en 1992, cuando la empresa Exincomer, encabezada por Juan Carlos Velázquez, compra dos predios en el entonces Puerto Industrial Pesquero Laguna Azul de Ciudad del Carmen, vía un fideicomiso de Banobras, iniciándose la tramitación de una concesión para operar una terminal portuaria.

Ésta se publicó en el Diario Oficial, finalmente, el 30 de marzo de 1994.

Sin embargo, ese mismo año Banobras demandó a la empresa por falta de pago de algunos de los pagarés de los contratos… perdiendo el juicio tras haber ganado un round por el que se ordenaba la desocupación de los predios.

No obstante, el banco de desarrollo presentaría una demanda posterior que logró el apoyo de los jueces… contra la cual Exincomer logró un amparo.

El caso es que a la desaparición del fideicomiso la empresa cubrió el adeudo pendiente, pese a lo cual no se le han escriturado los terrenos, aparentemente por la negativa del Gobierno de Campeche de entregar información requerida.

En el camino, la Administración Portuaria Integral de Campeche llegó a negar ante la autoridad la existencia de los terrenos… para después señalar que éstos eran de su propiedad, por más que los había cedido a Oceanografía.

En la ruta, la despojada ha acudido a todas las instancias: desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta la Procuraduría General de la República, pasando por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En el transcurso se han llevado a cabo visitas oculares por parte del área de concesiones de la SCT, fe de hechos ante notarios públicos, videograbaciones…

Y aunque Exincomer ha logrado sentencias en firme a su favor, no ha podido que se le reintegre lo que legítimamente le pertenece.

La paradoja del caso es que ahora el organismo del Gobierno de Campeche le quiere cobrar las cuentas pendientes al SAE, pese a que éste comprobó las denuncias planteadas por Exincomer vía la entrega de las pruebas correspondientes.

La manga ancha con que se permitió el crecimiento desordenado de la empresa de Amado Yáñez, pues, ahora maniobra para mantener impune el despojo y lavarse las manos frente a un daño patrimonial al país.

BALANCE GENERAL

Agotado el plazo de gracia otorgado a las empresas mineras para cubrir un gravamen especial, a título de derecho, éste se enterará a partir de junio próximo.

Parte de los recursos obtenidos, concretamente el 80 por ciento, se integrarán a un fondo para apoyo de las comunidades en que se desarrolla la actividad, en el que participa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Esta distribuirá los recursos con base a información que le proporcione la Secretaría de Economía.

En la posibilidad de usufructo se crearán comités mixtos en los que participa el gobierno federal, los locales, los ejidos y las propias empresas mineras.

En la discusión de la reforma a la Ley de Derechos, el presidente del Grupo Minero México, Germán Larrea Mota Velasco, señaló que si se imponía éste dejaría de invertir en el país.

La exposición de motivos de las firmas hablaba de que sin necesidad de gravamen éstas realizan actividades de apoyo a las comunidades vía reforestación, escuelas, centros comunitarios…

OUTSOURCING AL FIN

Después de largos años de discusiones, finalmente el Senado aprobó una reforma a la Ley del Infonavit vía la cual se obliga a las tercerías u outsourcing que reciben contratos para realizar actividades específicas a inscribir a sus trabajadores al organismo.

Lo trascendente es que las propias contratistas se vuelven responsables solidarios en caso de omisión, es decir, las multas les caerían en calidad de sujetos obligados.

El organismo, pues, podrá fiscalizar no sólo al subcontratante sino a la compañía que le abra la puerta.

El Instituto Mexicano del Seguro social había denunciado a miles de tercerías, con la novedad que se instalan en oficinas semivacías para cambiar de domicilio ante la primera señal de peligro.

RASSINI CRECE

Quien acaba de ampliar la capacidad instalada de su planta fabricante de componentes para frenos instalada en San

Martín Texmelucan, Puebla, es la empresa de autopartes Rassini que encabeza Antonio Madero Bracho.

La inversión alcanzó 378 millones de pesos. La producción se orientará al mercado interno y el de Estados Unidos y Brasil.

La firma tiene una planta similar en Flint, Michigan, Estados Unidos.

El flujo de discos para frenos a ese país se incrementará del 15 al 28 por ciento de la producción.

 ASFIXIA SIDERÚRGICA

Aunque el año pasado el consumo de acero nacional creció 12 por ciento, las importaciones lo hicieron en 20 por ciento.

La catarata provocó la caída de 34 por ciento en el precio.

En el escenario, de acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, se cayó la posibilidad de inversiones por cinco mil millones de dólares en el sector.

Algunas plantas están realizando paros técnicos.

El organismo alerta de una sobrecapacidad de producción equivalente a 700 millones de toneladas ante el crecimiento de China y Corea.

El año pasado la producción nacional fue de 19 millones de toneladas.

albertobarrancochavarria0@gmail.com

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