A iniciativa de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, secundada por un grupo plural de colegas, se está planteando una iniciativa de reforma que en el papel impedirá la asfixia de las empresas ubicadas como vulnerables de cara a operaciones de blanqueo de capitales, popularmente llamado lavado de dinero
De nombre kilométrico, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, promulgada hace un año, había colocado en un callejón a miles de comercios al exigirles un papeleo interminable.
El costo se volvió estratosférico.
La madeja alcanzaba lo mismo a casinos o negocios de apuestas que joyerías, distribuidoras de automóviles, empresas inmobiliarias, casas de subasta, montepíos.
En el escenario se celebraron diversas reuniones con partes interesadas, y a instituciones de asistencia privada, notarías, asociaciones de distribuidores de automóviles, la Cámara Nacional de la Industria de Joyería y Relojería…
La iniciativa recoge las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, por sus siglas en inglés, lo que permite replantear los montos de operaciones susceptibles de ser reportados a las autoridades competentes.
La restricción, naturalmente, es para operaciones en efectivo.
Así, en el caso de usuarios de juegos con apuestas y sorteos, el monto reportable para identificación del apostador es de tres mil dólares.
Bajo ese marco, la reforma replantea los montos previstos por la ley en otros capítulos.
Así, en el caso de transmisión de propiedad de inmuebles, el monto para casas de interés social pasaría a ocho mil 25 veces el salario mínimo para el DF, es decir, 540 mil pesos. En el caso de las de interés medio se salta a 16 mil tantos, equivalentes a un millón 76 mil 646 pesos.
En la ley vigente se partía de 368 mil 412 y 736 mil 826.
De aprobarse la iniciativa, la posibilidad de aviso a la Secretaría de Hacienda crece de 432 mil a 511 mil pesos para casas nuevas.
Para el capítulo de joyería, relojería, metales preciosos y piedras preciosas, el monto crece de 216 mil a 337.
En otro de sus capítulos la propuesta excluye a las notarías de la obligación de dar aviso de operaciones que sancionen, considerando que su tarea no se inscribe en una relación de negocios sino en una función delegada por el Estado.
Otro de los cambios apunta a que se excluya al servicio de Administración Tributaria (SAT) de la supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de la ley para quienes realicen actividades vulnerables.
Se faculta a la Secretaría de Hacienda para dictar medidas administrativas para ampliar el plazo para los avisos; se exige que los empleados que revisen éstos cumplan con algunos requisitos.
En la lista de quienes están obligados a reportar se incluye la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, contratos de modo o de crédito, cuando el acreedor no forme parte del sistema financiero y no sea tampoco un organismo de vivienda, y los contratos de arrendamiento.
La iniciativa recoge un clamor de los propietarios de los negocios frente a lo que ubican como cuellos de botella para su actividad.
La catarata alcanzaba millones de avisos semanales que, a juicio de los expertos, sería imposible procesar, por más que ahora las empresas podrán darse de alta en el sistema electrónico del SAT.
Se diría que frente a las golizas habituales, el Gobierno colocó 10 porteros.
BALANCE GENERAL
Aunque trascendió sólo la salida de Jorge Alegría, el director general del mercado de derivados conocido como MexDer, en realidad la poda en la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó a 53 ejecutivos más.
Se diría que el director general, José Oriol Bosch, metió la barredora.
Alegría era uno de los funcionarios más cercano al expresidente del organismo, Luis Téllez.
En el escenario está un caudal de pérdidas de MexDer en cuyo caso se contagió a Asigna, justo la que tradicionalmente era la instancia más rentable del mercado de valores
La limpia la habíamos anticipado en este espacio desde hace varias semanas, ante los malos resultados de la gestión anterior.
PIAL DE NAFIN
Aunque en el papel pareciera un rescate con recursos públicos, en la practica la posibilidad de resarcir a los ahorradores de Ficrea con cuentas de hasta un millón de pesos plantea un escenario financiero que permitirá recuperar la erogación.
De acuerdo a la mecánica planteada por el Congreso, se creará un fondo vía un préstamo de entre mil 500 y mil 700 millones de pesos por parte de Nacional Financiera.
El banco de desarrollo recuperará los recursos con el producto de la enajenación de las propiedades que acumuló el socio principal de la financiera popular, Antonio Olvera, extrayendo de forma fraudulenta los depósitos.
La lista incluye la participación accionaria de éste en dos empresas, de arrendamiento financiero de razón social Leadman Trade, una en el país y la otra en España, mediante las cuales se triangulaban los recursos colocados de buena fe por los ahorradores.
En total son cinco mil 315 los ahorradores beneficiados, incluidos los que se habían resignado a recibir 132 mil pesos, es decir, el tope del seguro de depósito.
El esquema está sujeto a la aprobación de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y posteriormente del pleno, en calidad de reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
ARCA POR CAZE
Quien acaba de anunciar su intención de participar en la subasta por los ingenios que está colocando en la mesa el Gobierno es el grupo Arca, el segundo embotellador de Coca Cola más grande del país.
Se trata de 11 unidades que pertenecieron al Consorcio Azucarero Escorpión de Enrique Molina Sobrino, a quien le fueron expropiados en el 2001 en un golpe que incluyó a los del grupo Machado de Teresita Machado; a los del grupo Santos del desaparecido Alberto Santos, y dos del Grupo Azucarero México de Juan Gallardo Thurlow.
Los tres últimos lograron revertir la medida al no acreditarse su utilidad pública.
Los ingenios en venta producen el 22 por ciento del dulce en el país.
De acuerdo a las bases de licitación, el precio mínimo de referencia será de 544 millones de dólares.
ESPECULADORES EN CAPILLA
Finalmente la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación sobre supuestas prácticas monopólicas en el mercado de producción, distribución y comercialización de huevo.
Sin embargo, el procedimiento se abre sin señalar los entes investigados, es decir, si son las empresas productoras gigantes; los intermediarios de los centros de abasto o los comercios minoristas.
Como usted sabe, el precio del producto se disparó abruptamente en las últimas semanas, sin que existiera una razón especifica.
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