Decisión. Familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que Gobernación les dijo que es una decisión de Estado negarles la entrada a los cuarteles militares.
Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no tendrán acceso a los cuarteles militares ubicados en Guerrero, ni al Campo Militar Número 1, así se los informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los 43 estudiantes informó que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, les dijo que no será posible el acceso a los cuarteles militares porque no existen indicios de que los jóvenes puedan estar en cualquiera de estos lugares, además de que el prohibir la entrada es una decisión de Estado.
"La explicación de parte de ellos (de la Secretaría de Gobernación) es que se han polarizado las posiciones entre los padres de familia y el Ejército, que hoy por hoy ya no hay las condiciones para hacer esa revisión, como antes", comentó el también abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Lo que se pide, añadió, es que se abra una línea de investigación sobre una posible implicación del Ejército en el caso de desaparición ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
"No estamos pidiendo que metan a la cárcel a todos los generales, ni mucho menos", apuntó el abogado, "lo que estamos pidiendo es se abra una línea de investigación, porque hay elementos de prueba en el expediente que permiten hacer esa ruta jurídica".
Entrevistado luego de una reunión que tuvieron padres de familia de los desaparecidos con el subsecretario de Gobernación, Vidulfo Rosales comentó que se analizará ahora la posibilidad de buscar un mecanismo jurídico para tener acceso a los cuarteles, también por la vía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, Felipe de la Cruz, padre de uno de los sobrevivientes, confió en que la próxima llegada de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favorecerá la apertura de nuevas líneas de investigación.
Pide CIDH atender indicaciones
Este primero de marzo inicia su trabajo en México el grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) como parte del acuerdo de cooperación técnica para evaluar las investigaciones del gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre pasado. Por ello, las organizaciones civiles Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos y Robert F. Keneddy Human Rights pidieron al gobierno mexicano atender cada una de sus recomendaciones.
El 12 de noviembre de 2014 el gobierno mexicano, los familiares de los estudiantes desaparecidos y organizaciones civiles firmaron con la CIDH un acuerdo mediante el cual aceptaron la creación del referido grupo conformado por los especialistas Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristáin, a fin de elaborar planes de búsqueda en vida de los estudiantes desaparecidos y el análisis técnico de las líneas de investigación.
