Una de las razones por las que nace Participación Ciudadana 29, es la necesidad y urgencia de hacer algo para combatir, denunciar, exhibir la corrupción en el gobierno de Torreón, misma que a poco más de 6 años, no ha disminuido, al contrario, se ha refinado en sus prácticas, y se ha descarado en sus formas.¿Por qué Participación?; porque sin ella el contar con nuevas y mejores leyes, mas instrumentos a nuestro servicio, y nuevas instituciones para hacerlas valer, servirán de muy poco; ¿por qué Ciudadana?; porque sin nuestra presencia, las inercias burocráticas en el gobierno, las rutinas en el trabajo, y la ausencia de un gobierno de calidad y gobernantes y representantes honestos, eficientes, serviciales, seguirán siendo la constante; las bondades y beneficios que suponen tantas y novedosas leyes, no resultarán sólo por la voluntad e interés de quienes gobiernan; por ello, reiteramos que nunca será suficiente la sola existencia y vigencia de las normas y las obligaciones de los servidores públicos de acatarlas; ahora el balón está del lado de la sociedad, de los ciudadanos, quienes debemos obligarnos a vigilar y exigir al gobierno y estar pendiente de que haga las cosas bien. El comentario viene al caso por la reciente aprobación de las reformas a la Ley de Transparencia en la Cámara de Diputados, que sin cambios a la minuta enviada por los senadores, así pasó; claro; los que la aprobaron ya no van a ser sujetos de esa ley, porque cuando entre en vigencia, ellos - no todos, claro que los chapulines sí- ya no estarán en el cargo, lo dejan el día 31 de agosto de este año.La posibilidad de que los ciudadanos de este país podamos hacer uso del derecho a saber qué pasa con las distintas formas e instituciones que se gastan los impuestos que pagamos, transformados en planes, programas, servicios, inversiones, obras -entre otros- deriva de que ahora que tenemos el balón de nuestro lado, lo juguemos bien; si queremos gobiernos eficientes y servidores públicos honestos, éstos deben generar en nosotros la confianza de que pueden cumplir muy bien con sus obligaciones, esto sólo se hace con resultados, con hechos, no con discursos ni con publicidad, y mucho menos con declaraciones y afirmaciones sin sustento. Es importante destacar, que derivado de esta aprobación, ahora más que nunca los órganos que garantizan el derecho que tenemos a saber y a exigir cuentas, el IFAI en lo federal, el ICAI, en lo estatal y municipal de Coahuila, el IDAIP en lo que concierne a Durango, deben cumplir con la tarea no atendida prácticamente desde que fueron creados: Hacer una promoción efectiva de la cultura de la transparencia, que en esencia significa promover la participación ciudadana, y a través del conocimiento del derecho a saber y la obligación del gobierno a informar, poder incidir en la definición y decisión sobre las políticas públicas que debe ejecutar el gobierno. No será suficiente la ley por sí sola si no se acata lo que establece, y en el peor de los casos, cuando se viola, no trasciende al castigo, a la sanción; en este país, es de tal calidad la ley, que los principales responsables, no tienen responsabilidad alguna sobre sus decisiones y acciones; el presidente, los gobernadores y los alcaldes, no tienen ninguna responsabilidad de lo que suceda en su gobierno, ni durante él, ni después de que concluyan su período, ésta es una situación que debe ponerse en la mesa de discusión, en la cancha donde ahora está el balón; el pasado martes 21 de abril, se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción; durante la semana anterior, merodearon en el Senado de la República una buena cantidad de gobernadores con séquitos de subordinados con el propósito de "cabildear" y buscar acuerdo para que los recursos federales que reciben, no sean objeto de transparencia alguna; tal parece que estamos anclados en el año 2005; en el mes de mayo de ese año, en la ciudad de Chihuahua estaban reunidos los gobernadores en su cofradía, la CONAGO (conferencia nacional de gobernadores), y en esa ocasión exigieron al Gobierno federal que los excedentes petroleros fueran distribuidos entre ellos, pero que no fueran sujetos de fiscalización alguna. Tal para cual, los legisladores reciben cantidades millonarias, y no tienen obligación alguna de transparentarlos; lo dicho, la ley por sí sola no es suficiente. Aprovechemos el balón en nuestra cancha; una forma de hacerlo es hacer valer nuestro derecho a ser informados; Participación Ciudadana 29, si estás interesado estimado lector, te dice cómo.
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