No es ningún secreto que la división de poderes en el estado de Coahuila no se da; ejemplos sobran, pero nada más para abrir boca citemos uno: al inicio del actual sexenio se le preguntó al entonces presidente del Congreso de Coahuila, cuál sería la agenda de trabajo para el congreso y declaró que estarían atendiendo las iniciativas que el gobernador enviara (palabras más palabras menos). Esto es una clara violación al artículo 49 de la Constitución, lo que en parte explica el por qué se aprueban este tipo de leyes. Vamos a los ejemplos:
Ley de desaparecidos, con ese nombre nunca la va a encontrar, su nombre es: Ley para la Declaración de ausencia por desaparición de personas. Con esta ley, se demuestra que el Gobierno estatal no cumple con una de sus labores principales que es darnos seguridad, y le endosa el problema al sector patronal. De acuerdo a esta ley, el empresario debe hacerse cargo de la familia del desaparecido sea la causa que fuere. ¿Y el gobierno? Bien gracias.
De 300 millones de pesos y la dejó en 36 mil millones de pesos, pero declararon que "como se robaron los documentos" y se "falsificaron decretos", no se pudo hacer nada y nadie sabe, nadie supo. Nada más en este asunto se podrían escribir cientos de artículos y no se agotaría el tema.
Ley de Estacionamientos Públicos del Estado de Coahuila. Que los particulares que tengan un negocio brinden los estacionamientos de manera gratuita y que además paguen tres mil pesos por cajón; pero el estacionamiento de la presidencia, que es un lugar público, sí se cobre.
Desaparición de la Junta de Mejoras Materiales de Torreón. Como hasta la fecha no han dado fundamento para hacerlo y ha faltado transparencia y rendición de cuentas, cada quien puede hacer sus propios juicios.
Aún hay más, ejemplos sobran: el alumbrado público de Torreón de aproximadamente tres mil millones de pesos y DAP de 50% sobre el consumo de energía y diez años de deuda, comparado con el de Saltillo que costó doscientos treinta y cinco millones de pesos, DAP cero pesos y Gómez Palacio, ciento sesenta millones de pesos y DAP 5%.
Como ciudadanos debemos exigir que el Congreso del Estado cumpla su función como tal y vele por los intereses de la comunidad.
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