El presidente de la República Enrique Peña Nieto comenzará la segunda mitad de su sexenio en medio de una tormenta que abarca los principales temas de la agenda nacional: economía y desarrollo social, seguridad y derechos humanos y combate a la corrupción. Si bien el primer mandatario ha reconocido en su tercer informe de gobierno la desconfianza que existe en un amplio sector de la ciudadanía respecto al desempeño de su administración, el reconocimiento no será suficiente si no es acompañado de acciones contundentes y de una clara voluntad política.
En términos económicos, del optimismo motivado por las reformas de los primeros dos años se ha transitado en 2015 a un escepticismo que por momentos alcanza el pesimismo, lo cual ha llevado al propio presidente a alertar a los gobiernos estatales del panorama complicado que se viene en 2016. La caída de los precios del petróleo, la volatilidad del tipo de cambio, los temores por el freno en el crecimiento de la economía china y las dudas sobre la efectividad de las reformas, han obligado a moderar considerablemente las altas expectativas con que arrancó el sexenio. La segunda parte de la administración federal tendrá que navegar en las turbulentas aguas de un fuerte recorte presupuestal y un crecimiento económico raquítico, el menor de toda América Latina, un coctel que pone en riesgo el ambicioso Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 presentado el año pasado. Todo esto en medio de un incremento sostenido de la población pobre, pese a los ingentes recursos destinados al desarrollo social.
En materia de seguridad y derechos humanos, si bien es cierto que se han dado algunos avances en la disminución de los delitos de alto impacto, sigue habiendo estados como Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Jalisco y el Estado de México en donde el crimen organizado no ha dejado de ser un factor de inestabilidad política y social. Además, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el narcotraficante mexicano más buscado del mundo, puso en jaque a todo el sistema penitenciario y a las instituciones federales de seguridad y justicia. Por otra parte, la sombra de casos como Tanhuato, Tlatlaya y sobre todo Iguala, que ayer revivió con fuerza a raíz del informe que cuestiona la “verdad histórica” manejada por la PGR, hacen prender las alertas sobre el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en México.
Pero quizá sea en el combate a la corrupción en donde la desconfianza y el desafío sean mayores, y esto tiene qué ver con los escándalos en los que se ha visto involucrado el propio presidente y su círculo cercano, relacionados con las casas adquiridas con beneficios excepcionales a empresas contratistas del gobierno federal. En este sentido, las dudas sobre la intención manifiesta del jefe del Ejecutivo Federal de plantar cara a la corrupción son muchas y justificadas.
En su tercer informe, el presidente Peña Nieto lanzó un nuevo decálogo para enfrentar la segunda parte de su sexenio en el que abarca temas como estado de derecho, seguridad, educación y desarrollo económico. Algunos de los puntos son novedosos, pero la mayoría ya han sido anunciados por el primer mandatario en ocasiones anteriores. Resulta imposible en estos momentos valorar la pertinencia y profundidad de estas líneas de acción propuestas, puesto que hasta ahora no se ha aclarado la forma en la que se pretende llevarlas a cabo. Ojalá que antes de que termine el año esto ocurra, de lo contrario quedarán sólo, otra vez, en buenas intenciones. Y este país merece ya mucho más que esto.
