Soledad. El presidente Peña tenía en los empresarios a sus principales aliados. (ARCHIVO)
El desplegado que apareció en diarios nacionales de México fue inusual: 20 poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis públicamente criticó al gobierno por no hacer su trabajo.
En el anuncio pagado, y publicado a una página completa el mes pasado, le exigieron "garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio".
Y concluía con una demanda a las autoridades, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto: "honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución".
Los señalamientos críticos de la comunidad empresarial en el desplegado fueron una muestra de la erosión del respaldo al gobierno de Peña Nieto, quien entra al tercero de sus seis años de gobierno.
Líderes empresariales han tenido un enojo creciente hacia el gobierno tanto por el incremento de los impuestos, sin que eso se tradujera en mejoras de la economía, escándalos que apuntan a posibles favoritismos políticos, y actos ilegales que dañan el comercio y los negocios en general.
La semana pasada, Coca-Cola suspendió sus operaciones en Chilpancingo, la capital del estado sureño de Guerrero, debido a ataques y la retención de algunos de sus empleados. Ahí y en otros estados, empresarios se quejan de que pierden mercancías por secuestros en carreteras.
México ha visto como en algunas zonas manifestantes han tomado el control de casetas de peaje, saqueado oficinas gubernamentales, bloqueado el paso de cargamentos y el cierre de aeropuertos. Además, cárteles de las drogas controlan algunas áreas, donde extorsionan a propietarios de negocios, compran autoridades y afectan industrias importantes como la agricultura y el turismo.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reconoció que "no es común" que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.
"Lo que refleja en buena parte es un cansancio, el agotamiento de mucha búsquedas de solución a nivel regional, de muchas promesas a nivel regional y federal de que se van a resolver (las cosas) y no se resuelven", dijo Foncerrada. El centro que dirige es el principal órgano asesor económico del Consejo Coordinador Empresarial, uno de las mayores organizaciones empresariales de México.
Dijo que el impacto del crimen y la impunidad de actos ilegales se han convertido en algo "absolutamente intolerable". Empresarios han promovido en los últimos días también actuar bajo códigos de ética a raíz de recientes casos de posible corrupción y posibles conflictos de interés.
Los señalamientos han alcanzado a algunas de las personas más cercanas al presidente Peña Nieto, incluida su esposa y su secretario de Hacienda. Investigaciones periodísticas revelaron que ambos compraron inmuebles lujosos, entre ellos una mansión millonaria de la primera dama conocida públicamente como la "Casa Blanca" y que provino de un contratista gubernamental que fue parte de un consorcio ganador de una lucrativa licitación para construir el primer tren rápido del país, aunque luego se canceló el proyecto.
Ambos han sostenido que las adquisiciones fueron legales.
Peña Nieto ha enfrentado en los últimos meses varias críticas, entre ellas por el manejo de su gobierno a la desaparición en septiembre de 43 estudiantes de magisterio, que según las autoridades fueron detenidos ilegalmente por policías y entregados a sicarios del narcotráfico que los habrían matado y quemado.
