En buena parte del mundo, los sistema de pensiones se han convertido en uno de los principales desafíos de las finanzas de los estados-nación. Surgidos de la época del estado de bienestar de mediados del siglo XX, en su momento fueron considerados logros importantes de la clase obrera y un elemento fundamental para garantizar un futuro medianamente digno para los trabajadores, que forma parte de los Derechos Humanos. No obstante, la realidad demográfica se ha transformado en los últimos 30 años, lo cual ha obligado a los gobiernos a planear reformas de fondo para evitar la quiebra financiera no sin ocasionar enfrentamientos con sindicatos y demás agrupaciones laborales.
Los problemas con los sistemas de pensiones tienen que ver con dos aspectos principalmente: por una parte, el cambio demográfico que ha significado el aumento de la esperanza de vida, gracias a los avances técnicos y de cobertura de la medicina y la seguridad social; y, por la otra, el incremento de la población pensionada y jubilada, vinculado en parte al punto anterior. Actualmente, en varios sectores el número de la población dependiente mayor (gente por arriba de los 60-65 años) ha rebasado al de los trabajadores en activo. Esto provoca una presión y un desequilibrio en la estructura financiera de las entidades públicas.
Es evidente que cuando fueron concebidos los sistemas de pensiones no se previó esta situación y que las autoridades posteriores dejaron crecer el problema hasta la situación actual. En Coahuila, por ejemplo, se calcula que el pasivo contingente de pensiones es de 60,000 millones de pesos, es decir, 33 por ciento más que la deuda estatal y que el Presupuesto de Egresos de 2015. Sin duda, una realidad preocupante.
En este contexto, el gobierno del Estado presentó al Congreso local una iniciativa de reforma al sistema de pensiones de los maestros, de la cual hasta el momento apenas si se conocen algunos detalles. El objetivo de la misma, según las autoridades, es aligerar la carga financiera para el ejecutivo estatal, y para ello contempla tres puntos fundamentales: elevar la edad de jubilación, aumentar los años obligatorios de servicio e incrementar las aportaciones que los docentes hacen a su bolsa de retiro.
Como era de esperarse, esta propuesta generó reacciones en los maestros adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes solicitaron al gobierno estatal y a los legisladores locales ser tomados en cuenta a la hora de aprobar la reforma definitiva. Armonizar los intereses de los trabajadores con el objetivo de la reforma se antoja el mayor desafío para el gobierno estatal. Sin embargo, la experiencia de países desarrollados, como Alemania, indica que serán los trabajadores quienes deberán realizar el sacrificio de trabajar más años de su vida y destinar más dinero de su sueldo a su pensión.
Que la negociación salga adelante sin sobresaltos depende de la voluntad política y la conciencia tanto del gobierno como de los maestros. Pendientes quedarán los ajustes que se tengan que hacer a los sistemas de los ayuntamientos y demás entidades burocráticas estatales. Esto apenas es el principio.
