La semana pasada el Congreso local aprobó la reforma a la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Maestros de Coahuila con la que el Poder Ejecutivo del Estado pretende hacer frente al desafío que representa para las finanzas públicas el pasivo contingente que alcanza los 60 mil millones de pesos. En suma, de acuerdo con lo que aprobaron los legisladores, los docentes de la entidad deberán trabajar más años y aportar más dinero de su bolsa al fondo de pensiones. Las reacciones de parte de un sector del gremio magisterial no se hicieron esperar y anunciaron la presentación de amparos contra lo que consideran un atentado a sus derechos laborales, por lo que el asunto podría judicializarse y frenar la aplicación de la reforma.
El problema con el sistema de pensiones no es privativo de Coahuila. Con matices, la amenaza del creciente pasivo contingente, generada por el aumento de la expectativa de vida y el engrosamiento de la población pensionada y jubilada, es un tema que preocupa a buena parte de los gobiernos de países que han experimentado o están experimentando una transición demográfica marcada por el control natal y el envejecimiento poblacional. En la medida en que la población dependiente, no activa laboralmente, aumenta, disminuye la proporción de la población activa, no dependiente, lo cual redunda en una presión en las finanzas públicas difícil de manejar. Es por ello que se hace necesario aplicar reformas al sistema de pensiones que de alguna u otra forman afectan los intereses de los trabajadores.
En el caso de Coahuila, cuando los docentes se enteraron de la iniciativa, en septiembre pasado, mostraron de forma inmediata su inconformidad y plantearon una propuesta alterna que al final, según han dicho, no fue tomada en cuenta por los legisladores. Aunado a esto, a los maestros se les prohibió el acceso a la sesión en la que se aprobó la reforma, lo cual encendió aún más los ánimos de los inconformes. Además de varias manifestaciones que han hecho y la amenaza de que procederán por la vía jurídica contra la reforma, los docentes denunciaron irregularidades en el manejo de las aportaciones que han hecho por lo que exigieron que se aclare en qué se invirtió el recurso.
Más allá de la controversia, que llevará su tiempo resolver ante las instancias correspondientes, es importante partir de una base cierta: el sistema estatal de pensiones no podía continuar sin modificaciones, como tampoco puede continuar sin que se lleven a cabo las auditorías necesarias para transparentar el manejo del fondo. Respecto a este último punto, la bancada del PAN, que aprobó la reforma junto con la mayoría priista en el Congreso, manifestó que las modificaciones no deben significar un borrón y cuenta nueva y que las revisiones puntuales deben realizarse toda vez que la Auditoría Superior del Estado ha observado irregularidades por un monto de 40 millones de pesos en la administración de las pensiones.
Aplicar sólo la reforma sin aclarar cómo se maneja el dinero provocará un incremento en el rechazo de la misma. Si el gobierno estatal pretende llevar a buen puerto estos cambios, sin duda necesarios puesto que todo derecho conlleva también el cumplimiento de obligaciones por parte de los beneficiarios, debe mostrar apertura y voluntad para transparentar el ejercicio de estos recursos que forman parte del derecho de los trabajadores. Por otra parte, el problema con las pensiones no termina con las modificaciones al sistema del magisterio, sino que deben abarcar forzosamente a los fondos de la burocracia estatal y municipal, en donde también se observan riesgos y presiones. En ese sentido, la equidad en una medida impostergable es fundamental para mejorar el clima de aceptación de la reforma. De lo contrario, ésta se convertirá en un permanente foco de conflicto.
