Intención. Los expertos de la CIDH han solicitado que se tipifique como delito grave la desaparició forzada.
Los expertos del Grupo del Trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgieron a los diputados federales, que integran la Comisión Especial de Iguala, aprobar a la brevedad una ley para tipificar el delito de desaparición forzada en nuestro país e hizo cuatro recomendaciones que debe contener esta nueva legislación.
La experta de la CIDH, Claudia Paz Paz, comentó que la nueva legislación debe contener una tipificación del delito de desaparición forzada de manera uniforme a nivel nacional debido a que provoca muchos problemas la variación en cuanto a los alcances de un estado al otro.
Paz Paz comentó también que esta nueva ley debe contener bien definidos los protocolos de búsqueda y las acciones inmediatas a seguir luego de la desaparición debido a que las 24 y 72 horas siguientes al evento son cruciales para el éxito de encontrar a las personas.
También habló sobre los planes de investigación por parte de las autoridades, es decir, qué llevará a cabo cada autoridad en la búsqueda de alguna persona y finalmente esta ley debe contener los planes para la reparación del daño para las víctimas o para sus familiares.
Los expertos buscan un mecanismo para que sus recomendaciones puedan ser incorporadas al dictamen que se debate en el Congreso de la Unión y se cuente con una buena legislación.
El presidente de la Comisión Especial de Iguala, el panista Guillermo Anaya, se dijo dispuesto a encontrar el mejor mecanismo para intercambiar información, incluso que los legisladores de este órgano podrían ser puente con los integrantes de las comisiones dictaminadoras para hacer un trabajo más efectivo.
En tanto, la vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, pidió que todos los documentos que han recibido los integrantes de esta comisión por parte de autoridades y organizaciones de la sociedad civil le sean entregados a los expertos para sus recomendaciones.
Los expertos estarán en nuestro país aproximadamente seis meses y después emitirán sus recomendaciones para la investigación, planes de búsqueda, atención a víctimas y sugerencias estructurales para que hechos como la desaparición de los 43 normalistas no vuelvan a ocurrir.
