Relevante. México sólo logrará un desarrollo equitativo con políticas públicas transexenales.
México debe mantener la coherencia entre sus políticas públicas y el marco legal requerido para transitar a una economía verde y el desarrollo sostenible comprometido en los objetivos de la Agenda 2030, señaló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
En el marco del foro "La coherencia de las políticas públicas en la transición hacia una economía verde y de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible", Ebba Dohlman, jefa de la Unidad de Coherencia de Políticas de la OCDE, reconoció los avances en políticas públicas implementadas por México para alcanzar el desarrollo sostenible, pero subrayó que aún tiene un gran reto en la transición hacia una economía verde y la generación de indicadores que le permitan medir su cumplimiento en la implementación de los objetivos de la Agenda 2030.
"Todo el mundo se va asegurar que los gobiernos rindan cuentas en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio, ese es uno de los indicadores más importantes (...)
"México tiene una excelente base para ello, pero no se puede hacer suficiente énfasis en estos mecanismos y estar sólo sentados en un salón y discutir prioridades de políticas con gente de diferentes secretarías, sino tenemos que ver cómo aplicamos un objetivo, cómo reforzar los objetivos y después empezar el proceso de mapeo para evitar efectos negativos", indicó Dohlman quien ofreció a México el apoyo de la OCDE para facilitar sinergias estratégicas que le faciliten su transición a una economía verde.
Dolores Barrientos, representante en México del PNUMA, destacó la coherencia que en los últimos años ha mostrado el país en las políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible a través de marcos legales como la agenda de cambio climático, la cual calificó como robusta y coherente con una economía baja en carbono, así como las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
No obstante, enfatizó la necesidad de que México cuente con las políticas públicas necesarias para incrementar la participación de las energías renovables.
Actualmente, explicó Barrientos, a nivel nacional las energías renovables tienen una participación del 20 por ciento, pero el 15 por ciento se genera por medio de las grandes hidroeléctricas por lo que sólo un 5 por ciento realmente corresponde a la participación independiente de las energías renovables.
Por lo anterior, urgió a que el Senado de la República apruebe en breve la Ley de Transición Energética, cuyo plazo para su aprobación se venció desde diciembre de 2014 y la cual aún no ha sido discutida por los legisladores.
"La ley de Transición Energética es una oportunidad muy importante para demostrar coherencia en políticas públicas porque el País tiene ya una Ley General de Cambio Climático que es una muy importante para la agenda de sostenibilidad, pero la Ley de Transición Energética nos da la oportunidad de hacer sinergias importantes y de definir cuál sería la ruta en el mediano y largo plazo para la seguridad energética del país", aseveró.
Por su parte, Bibiana Gómez, coordinadora de la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que para México el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 es una responsabilidad nacional y para garantizar su cumplimiento ya se trabaja en tres ejes prioritarios: incorporar las metas de desarrollo sostenible en las agendas de los gobiernos locales, fortalecer la coordinación interinstitucional y darles factibilidad financiera y técnica.
