La urgencia de frenar los feminicidios en el estado unió a diversas organizaciones civiles para pedir al Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), la construcción y operación de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema y centros de Justicia.
También para pedir la elaboración de protocolos de investigación para delitos de violencia de Género, reformas al Código Penal estatal en materia de violencia intrafamiliar, bancos de datos y estadísticas confiables y públicas, entre otros planteamientos.
A una semana de haber sido nombrada como nueva titular del IQM, María Hadad Castillo se reunió con activistas en pro de los derechos de la Mujer en Cancún, a manera de enlace entre la sociedad civil organizada y el gobierno estatal.
En dos bloques por separado, la funcionaria escuchó las inquietudes de unas y otras organizaciones, cuya primera coincidencia fue que la violencia contra las mujeres en el estado, y principalmente en Cancún, no es un fenómeno reciente, sino creciente.
Quintana Roo, primer lugar en violencia sexual
“Lo que estamos viendo ahora con los asesinatos de mujeres es apenas la punta del Iceberg de lo que está abajo. Hay que emprender acciones no sólo por las mujeres que mataron, sino por las que están vivas y son víctimas de violencia”, expresó por el Grupo Plural de Mujeres Laura Florero, durante la reunión celebrada con el primer bloque de ONG.
La activista subrayó que se padece “un total abandono” en desarrollo social, lo que se ha traducido en el asesinato de mujeres y en cárceles “repletas” de jóvenes delincuentes. “Acapulco es el antecedente de lo que nos va a pasar. Se tiene que invertir para frenar la delincuencia”, advirtió.
Celina Izquierdo, por el colectivo “Ni una Más”, abrió la reunión del segundo grupo de activistas y académicas, mostrando a Hadad Castillo las estadísticas de lo que hay “abajo del iceberg”, citado por Florero horas antes.
Quintana Roo supera la media nacional en violencia intrafamiliar en todos los grupos de edad, desde la infancia, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad le expuso que Quintana Roo ocupa, además, el primer lugar en violaciones sexuales en todo México.
La tasa de violaciones denunciadas en el estado, por cada 100 mil habitantes, es del 34.93, seguida de Morelos, con 24.14 y Chihuahua, con 24. La media nacional es de 13.14, lo que significa que la entidad triplica ese tope. “No nos parecemos a nadie”, expresó.
Refugios y Centros de Atención
Los dos bloques de organizaciones también concurrieron en la urgencia de contar con refugios de alta seguridad para mujeres víctimas de violencia extrema.
La presidenta del Consejo Estatal de Mujeres, Eva Aguilar, propuso que el IQM rescate la propiedad localizada en la Supermanzana 63, que durante una década fue utilizada por el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM-Cancún), para atender a víctimas de violencia.
“Es una fortaleza”, comentó la activista e incluso consideró que sería “un gran regalo” para las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
La propuesta fue avalada por Lorena Ribbón, presidenta de “Mujeres en Acción por México en Quintana Roo”; por Virginia Betanzos y Laura Florero, del “Grupo Plural”; por Claudia Moreno, de Enlace Ciudadano por Quintana Roo, y otras agrupaciones.
El segundo bloque, que agrupa a organizaciones como el CIAM-Cancún, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser), “Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia” y activistas que conforman el colectivo “Ni una menos”, se pronunció por la construcción y operación de un refugio en la zona centro y norte del estado.
También por la instalación de tres Centros de Justicia para la Mujer, cuyos lineamientos se apeguen a lo establecido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El trío de Centros de Justicia se ubicaría en Cancún, Riviera Maya y Chetumal y se sumaría a los 24 que operan ya en 18 entidades del país.
En Cancún, un edificio que fungió en el pasado como agencia del Ministerio Público en la Región 94 de esta ciudad, se habilitó como Centro de Justicia, sin que cumpla con ninguno de los preceptos que marca la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
“En un Centro de Justicia hay al menos 13 instituciones que deben estar representadas; en este edificio que hay, no cabrían ni los tres escritorios de tres dependencias”, manifestó Izquierdo Sánchez.
Laura Florero habría reprochado horas antes la opacidad con la que se invirtieron recursos públicos para acondicionar ese edificio, sin que se sepa si opera o no.
“Ya se gastaron como cuatro millones de pesos y no sabemos si funciona o no”, expresó, para luego mencionar que se requiere de capacitar a ministerios públicos y jueces en materia de Género.
