En estos momentos se realiza un ejercicio de planeación para el desarrollo de la zona metropolitana de la Comarca Lagunera con un enfoque que busca integrar políticas públicas de las cuatro ciudades que forman parte de esta zona. Mediante este ejercicio promovido por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan) se pretende ordenar y redireccionar el desarrollo local en varios aspectos clave entre los cuales se encuentra nuestra relación con el ambiente.
Dentro de esta temática a la que se ha denominado sustentabilidad, nombre que quizá debió limitarse a las cuestiones propiamente ambientales porque ese concepto tiene una connotación transversal que abarca también temas económicos, sociales, culturales y políticos y por tanto podría aplicarse a la denominación general de desarrollo metropolitano sustentable, los integrantes de la mesa hemos identificado los ejes principales que conforman la problemática y las propuestas estratégicas en que se debe centrar el plan que regirá el desarrollo metropolitano en los próximos años.
La mesa que aborda la agenda ambiental identificó un listado de problemas de los que seleccionó tres considerados como estratégicos: manejo integral del agua, ordenamiento ecológico territorial y cambio climático, los cuales vale la pena comentar porque implica la definición de propuestas que de aplicarse cambiarían aspectos estructurales que afectan o limitan el desarrollo no sólo de las ciudades o municipios metropolitanos, sino del conjunto de la región.
Cada vez que un grupo de especialistas en temas ambientales aborda la problemática local es inevitable que se trate la cuestión hídrica, la cual se centra en la inadecuada gestión que histórica y actualmente hemos realizado de este recurso, y que de no atenderse y solucionarse en sus aspectos medulares difícilmente podremos hablar de cambios en las condiciones que determinen y detonen el desarrollo regional. La parte visible del problema del agua es que la población lagunera no accede a agua en cantidad y calidad suficiente, y mientras esto no ocurra quienes residimos aquí no tenemos garantizado el abasto que requerimos y mucho menos podemos ofrecer a empresas o personas foráneas inviertan y vivan en cualquiera de las ciudades de la región.
La complejidad de esta cuestión dicta que no es posible resolverla en el corto plazo, pero que inevitable e inaplazablemente deben aplicarse medidas correctivas que reduzcan la sobreexplotación y contaminación a que están sujetos los acuíferos que nos abastecen de agua y otras que mejoren la gestión en el uso doméstico-urbano, como son la medición confiable, la filtración que retenga contaminantes, el manejo eficiente en la distribución urbana, el tratamiento y reuso de aguas residuales y la recuperación o mantenimiento de los humedales.
En principio debemos reconocer que la forma en que se usa el agua subterránea es inadecuada, no sólo porque se extraen volúmenes mayores a los que se han concesionado y se disponen por encima de la recarga de los acuíferos, sino también porque se aplican en cultivos de alto uso consuntivo como la alfalfa, por ello la única solución estructural que disminuya la brecha hídrica regional es reduciendo la extracción actual para recuperar volúmenes de agua en el subsuelo y su calidad, a la vez de pensar seriamente en crear reservas futuras de agua. Llegó el momento de cerrar el ciclo de cultivos u otras actividades de alta demanda de agua, mientras debe apoyarse, en tanto se recuperan los acuíferos, la iniciativa oficial que asegure el suministro de agua potable con filtros que retengan el arsénico, principal contaminante de agua para uso doméstico.
Paralelamente a lo anterior, hay que mejorar la eficiencia en la distribución de agua a través de las redes urbanas, que a la fecha oscila en el 50 %, a la vez de recuperar el mayor volumen de aguas residuales tratándolas y reusándolas. Para ello es indispensable aplicar medidas que van desde renovar y/o mejorar esas redes y modificar el sistema tarifario que asegure un suministro del mínimo de abasto para la población conforme a directrices y normas internacionales y a partir de él cobrar con base a consumo, particularmente a morosos con capacidad de pago, pero también hay que invertir en infraestructura y equipamiento para el tratamiento de aguas residuales por colonias o zonas urbanas, donde esos volúmenes recuperados se destinen a regar espacios públicos verdes.
Algo que poco se conoce o aplica por los tomadores de decisiones en la gestión hídrica es mantener los humedales saludables, ya que las funciones ecológicas que cumplen están estrechamente asociados a la disponibilidad de agua para uso doméstico-urbano; esto implica aplicar el caudal ecológico conforme a la norma establecida para ello. De la salud ambiental de los ecosistemas riparios en gran parte depende disponer agua superficial de mejor calidad por el proceso de filtración que realiza la vegetación con las partículas contaminantes que circulan por ríos y arroyos, además de constituir zonas de recarga de los acuíferos conectados a ellos.
La gestión hídrica debe transparentarse, actualmente existe un monopolio en las concesiones agrícolas donde los grandes usuarios actúan como grupo de presión sobre las instituciones gubernamentales a las que limitan sus capacidades de actuar y evitando se aplique la regulación sobre el uso del agua, tal es el caso de que por décadas de ha permitido la extracción por encima no sólo de la recarga, sino también de los volúmenes concesionados. Es, por tanto, indispensable crear un observatorio ciudadano que informe a la sociedad sobre las condiciones en que se realiza el uso del agua en la región.
Los otros aspectos, también de gran importancia, deben ser parte de las políticas públicas: por un lado, es necesario que las cuatro ciudades de la zona metropolitana hayan concluido sus programas de ordenamiento ecológico territorial y éstos sean unificados en una visión metropolitana; para ello se necesita que Torreón y Matamoros elaboren los propios ya que Gómez Palacio y Lerdo los concluyeron recientemente. Estos ordenamientos son fundamentales para regular el uso del suelo y direccionar el desarrollo urbano y rural con criterios definidos de vocación conforme a las actividades que realizan y las que potencialmente podrán desarrollar en las próximas décadas.
Finalmente, la zona metropolitana, y en sí la Comarca Lagunera, deben elaborar su propio plan de acción climática donde se contemple el conjunto de medidas de adaptación y mitigación que debemos adoptar ente los efectos del calentamiento de la Tierra que empezamos a resentir. En esta parte se puede retomar la iniciativa promovida por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de crear un Secretariado Técnico que logró aglutinar entidades oficiales, universidades, organismos civiles y al propio sector empresarial.
