Perjudicados. La depuración policiaca requirió de agitar las estructuras violentamente.
El proceso de "depuración" policial iniciado en el sexenio de Felipe Calderón ha provocado el despido de miles de uniformados, muchos de los cuales pelean en tribunales con la ley en contra, y sin ninguna posibilidad de ser reinstalados en sus cargos.
Según cifras del Centro Nacional de Certificación, alrededor de 25 mil policías, peritos y agentes del ministerio público han sido despedidos desde 1999, la mayoría por reprobar los exámenes de control de confianza, especialmente la prueba del polígrafo.
Agentes afectados, académicos especializados en materia de seguridad e incluso altos funcionarios de la Administración federal consideran que estos exámenes son opacos y se aplican de manera discrecional.
Además de que violan los derechos laborales de los agentes a quienes se estigmatiza por reprobar las pruebas que son consideradas como subjetivas.
"No hay país en el mundo que trate peor desde la Constitución a sus policías, fiscales y peritos, que México", lamentó Renato Sales Heredia, exprocurador en Campeche y actual coordinador nacional antisecuestro.
Y es que la reforma de junio de 2008 al Artículo 123 constitucional señala que los agentes podrán ser separados de sus cargos si no cumplen los requisitos de las leyes vigentes al momento de ser evaluados.
Además, señala que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio.
Son cinco las evaluaciones dentro de los controles de confianza: física, psicológica, toxicológica, socioeconómica y el polígrafo.
Esta última, aseguran elementos federales y estatales, es usada para reducir la plantilla de las corporaciones.
Un agente ministerial de Tlaxcala, por ejemplo, narra que por esa prueba fue cesado después de laborar por 30 años en la Fiscalía sin ningún problema con los controles de confianza.
"En la última prueba que me hacen yo creo que ya tenían alguna indicación, porque fui con dos compañeros y ellos salieron como en 20 minutos, mientras que a mí me tardaron más de cinco horas", recuerda.
"En el examen del polígrafo insistieron e insistieron, que qué nexos tienes con el crimen, que cuánto dinero recibes, cuántas veces has recibido, y la insistencia sobre eso, luego se van y cuando regresan me dicen que estoy mintiendo, y duro y duro y duro, y pues ya llega el momento en que te ponen nervioso".
Javier Carrasco, del Instituto de Justicia Procesal Penal, consideró que los controles de confianza no deberían existir en su forma actual, por ser procesos muy opacos y endebles.
Sales Heredia también criticó la confiabilidad del polígrafo.
"¿Vamos a centrar nuestra batería de pruebas en algo tan subjetivo como el polígrafo? ¿No sería mucho mejor sustentarnos en pruebas objetivas? ¿Dónde queda la presunción de inocencia de los policías?", cuestionó.
También consideró que estas pruebas estigmatizan a los agentes, pues en sus comunidades y ante futuros empleadores quedan exhibidos como personas que no son dignas de confianza.
El Movimiento Nacional por la Dignificación de la Policía Federal, que congrega a exagentes cesados injustificadamente, estima que en la actual Administración han sido cesados 5 mil 500 elementos federales por controles de confianza.
La corporación cuenta con un estado de fuerza de 36 mil elementos.
"Y con la Plataforma México no te contratan ni para seguridad privada, entonces ¿a qué se dedican los compañeros? Pues la mayoría está en la informalidad, venden ropa o comida", comentó Rubén Aguirre, secretario general del Movimiento.
"No digo que todos los cesados eran inocentes, claro que algunos que reprobaron los controles sí andaban en malos pasos, pero hay otros que no y les truncaron su carrera".
