Es una realidad innegable que ciertamente la seguridad pública ha mejorado notoriamente en los últimos años. No se han vuelto a presentar balaceras estruendosas en las principales arterias de la ciudad, ni han vuelto a ocurrir situaciones tan trágicas como el trío de matanzas cobardes perpetradas en un par de establecimientos como el Bar Ferry en Águila Nacional o la ocurrida en la apertura del antro Las Juanas en Saltillo 400, hace ya 5 años; y que concluyó con un ataque más en una quinta denominada Italia, donde más de diez jóvenes fueron asesinados a mansalva por sicarios que cobraban venganza o lanzaban advertencias a los rivales o autoridades, segando al vida de muchos inocentes.
Fue ya en el que parece distante año de 2010 cuando esos hechos ocurrieron y que resultaron ser el colofón de una serie de actos barbáricos que asolaron a La Laguna desde 2007. Esto no significa que desde entonces las cosas volvieran a la tranquilidad, nada más alejado de eso, el flagelo de la violencia que se instaló en varias partes del territorio nacional y por desgracia la Comarca Lagunera fue parte de esa terrible embestida.
La descomposición social de aquel entonces fue mucho más allá que los enfrentamientos a tiros en las calles, avenidas o bulevares de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. El crimen afectó severamente la vida en barrios populares de la región. Despojaron a muchos de los que menos tienen de sus humildes viviendas, creando verdaderos vecindarios fantasma, con todo lo que ello implica. La tesis de que cuando se desató la inseguridad -entendiéndose por ella el disparo en la incidencia de secuestros, extorsiones, robo de vehículo a mano armada, asalto a local comercial- sólo afectó a las clases más acomodadas, es una conclusión errónea. Sin dejar de responsabilizar al gobierno por su indolencia en muchas ocasiones por su complicidad con las bandas criminales, el grado de inseguridad que se vivió en estas tierras afectó a todos los estratos de la sociedad.
Todo esto viene a cuento porque si bien en cierto que hoy el clima que se respira es otro, -tan es así que la vida nocturna ha regresado con auge y hasta lugares de convivencia vespertina y nocturna como Morealeando, han permitido al convivencia pública de la sociedad- la realidad es que nuevamente han ocurrido hechos que de suyo con execrables y por supuesto deben ser perseguidos por la ley.
Por desgracia es conocido que al menos dos secuestros ocurrieron a últimas fechas en Torreón y las víctimas fueron ciudadanos de bien, que por desgracia les tocó vivir esa terrible y traumática experiencia. El menoscabo patrimonial es secundario al trance vivido en la que su libertad y su vida estuvieron en manos de sus captores; por fortuna las dos personas pudieron volver a sus vidas.
Estos hechos suscitaron que distintos grupos alertaran a las autoridades para que se pusiera un alto y que por esta ocasión cumplieran con su obligación de brindar a la ciudadanía seguridad física y de sus bienes. El primero de esos grupos fue el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), quien reclamó a las autoridades locales que cumplieran cabalmente con su función y frenaran esta nueva ola de secuestros. También el Grupo Empresarial Lagunero (GEL), organización nacida allá en el sexenio del profesor Moreira, producto de una escisión del CLIP que entonces le resultaba molesto a Humberto, ha manifestado su preocupación por los mismos hechos.
El alcalde Miguel Riquelme se reunió con los segundos para tratar el tema entre otros, a los que denominó rumores y que dijo se enteró también por las redes sociales, por lo que su junta con el GEL la clasificó como propositiva y que sirvió para aclarar las dudas sobre los secuestros y afirmó que se tienen ya algunos detenidos que pronto serán presentados.
El tono de la declaración del presidente Riquelme es de suyo preocupante, porque si bien dice que no permitirá que los delitos de alto impacto vuelvan (habrá que preguntarle cómo denomina el asalto a la joyería en una tienda departamental el domingo pasado en pleno centro de la ciudad) le da un cariz a su declaración que la postura del CLIP tiene más un tinte político.
No, eso no se vale. Como hayan sido las cosas en el pasado que permitió que la ciudadanía fuese rehén de los criminales, esta vez no puede ser nuevamente permitido. En aquellos años mucho del juego político fue del PRI al responsabilizar con o sin razón a Felipe Calderón por la violencia. Hoy no cabe más eso. Si Miguel Riquelme quiere ser gobernador, deberá cumplir en el ámbito que le corresponda con darle seguridad a sus gobernados, y no es válido hacerse el occiso de que se enteró por las redes sociales. Él sabe perfectamente quiénes fueron las víctimas. Hay que hacer votos y brindarle el apoyo para que impida que Torreón vuelva a ser tierra prolífica para los secuestradores, por el bien de todos.
