Los cuatro líderes de la Sección 22 de la CNTE detenidos ayer en Oaxaca, presentaron una demanda de amparo contra su captura, actos de incomunicación y lo que denominan "la inminente desaparición forzada de personas".
José Luis Evaristo Villegas, Juez Quinto de Distrito de Oaxaca, admitió el amparo presentado por Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picaso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, quienes desde ayer se encuentran presos en el Penal Federal del Altiplano.
El juez les concedió una suspensión de plano que no modifica la situación legal de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), y además comisionó a un actuario para que acuda ante distintas autoridades judiciales y ministeriales para que informen oficialmente sobre el paradero de los detenidos.
En un acuerdo publicado ayer, el juez estableció un plazo de 24 horas a la PGR para que informe ante qué autoridad judicial fueron puestos a disposición los detenidos, o de lo contrario le impondrá medidas de apercibimiento.
Evaristo también giró oficios al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Toluca, solicitando enviar a uno de sus funcionarios al Altiplano, para que le informen oficialmente si los maestros están en esta prisión.
El amparo, presentado por Jaime Ortiz Reyes a nombre de los cuatro detenidos, es previsible que sea desechado en las próximas horas, pues fueron detenidos con base en un mandato legal y están puestos a disposición de un juez federal.
Además, en caso de ser procesados, su situación jurídica habrá cambiado y deberán impugnar por la vía legal un auto de formal prisión ante un tribunal unitario y no una orden de aprehensión.
De acuerdo a las autoridades federales, a Orozco Matus le imputan los delitos de motín, daño en propiedad ajena contra el consumo y riqueza nacional, por su presunta implicación en la toma de la Junta de Distrito de Tehuantepec y de la refinería de Pemex en Salina Cruz, el 1 de junio pasado.
Nazariega fue encarcelado por robo agravado, delitos contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena, por la sustracción de 10 mil libros de texto gratuito de la SEP, y actos vandálicos en la sede de la Octava Región Militar.
Picaso está acusado de robo, por la sustracción de los libros, y Jiménez García fue acusado en el fuero común de robo calificado, por presuntamente apropiarse de componentes de cámaras del C-4 del Gobierno de Oaxaca, con un costo de 531 mil pesos.
