Deseos. La intención de las organizaciones es que existan censores para medir la corrupción.
Los representantes de cinco Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron -una vez aprobada en el Senado- la inmediata y eficaz implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en los congresos locales, y presentaron el "anticorruptómetro" para dar seguimiento a las 32 entidades.
Al presentar la iniciativa "Por un México sin corrupción", María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que la corrupción tiene consecuencias negativas para el crecimiento del país.
"Sabemos que daña nuestra economía familiar, en particular la de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye nuestro bienestar, pero a todos los que cometen actos de corrupción los premiamos con puestos de gobierno, un lugar privilegiado en la sociedad", dijo.
Actualmente, afirmó la investigadora, conocemos tres cosas: la percepción sobre la corrupción crece cada año, que la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas en opinión de la gente -incluso por encima de la pobreza-, y la impunidad que acompaña a la corrupción. "El 97 por ciento de los delitos que caen en el concepto de corrupción queda impune", aseguró.
"Hoy presentamos una iniciativa muy importante, porque estamos convencidos de que la aprobación e implementación de la Ley General de Transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción -este último en la recta final de su aprobación por parte del Congreso de la Unión e inmediatamente después por parte de los congresos locales- son la piedra angular para recuperar la confianza en el país", expresó.
Viridiana Ríos, directora del Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos?, expuso el funcionamiento del "Anticorruptómetro": dos cronómetros que se pueden encontrar en la página mexicomovamos.com, con los que se dará seguimiento al tiempo que tardará cada congreso local en aprobar el SNA y el tiempo de implementación.
"No tenemos tiempo que perder para aprobar el SNA. El anticorruptómetro nos permitirá exigir su aprobación y nos dará información sobre aquellos Estados en los que se tiene voluntad para acabar con el problema. Desde la sociedad civil daremos seguimiento en tiempo real a los días, horas, minutos, y segundos que le toma a los Estados aprobar el sistema", explicó Viridiana Ríos.
Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señaló que "con la corrupción no estamos sólo frente a un asunto de índole moral, o uno de convivencia ciudadana, o de justicia elemental. No. Se trata de un tema que pone en entredicho la supervivencia material del Estado mexicano, su viabilidad económica y social".
En el mismo sentido, el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano, hizo especial énfasis en que el combate directo a la corrupción es fundamental para alcanzar el potencial de crecimiento del país.
"La corrupción incide directamente en la rentabilidad de la inversión. En países con altos índices de corrupción es más difícil calcular la rentabilidad en términos de crecimiento, mientras que en países menos corruptos hay menos riesgo y por lo tanto la rentabilidad es más predecible", explicó.
Según el Índice de Transparencia Internacional, México está en el grupo de corrupción que no corresponde con su desarrollo económico.
Por su parte Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, subrayó que "esperaríamos muestras de responsabilidad política de los legisladores en los congresos locales para ratificar, a la brevedad esta reforma constitucional".
Dijo: "no puede haber más dilaciones legislativas. La experiencia en el caso de la Reforma Energética nos recuerda que cuando hay voluntad política este tipo de procesos legislativos se puede acelerar en aras de proporcionar al país de herramientas fundamentales como este Sistema Nacional Anticorrupción".
De esta forma, agregó, se pueden sentar las bases para que junto al Sistema Nacional de Transparencia recientemente aprobado se establezcan mecanismos institucionales sólidos para una verdadera rendición de cuentas en el que se garantice el estado de derecho como una práctica cotidiana en todos los niveles de gobierno por los representantes de los tres poderes del Estado mexicano.
En materia educativa, David Calderón, director general de Mexicanos Primero, dijo que la aprobación de estas reformas y adiciones legales debe llevar a su implementación cabal hasta cambiar las prácticas en cada sistema estatal de educación: los recursos públicos tienen que llegar íntegros hasta la última escuela, previniendo y castigando los desvíos.
No descarta PRI
El PRI en el Senado no descarta y está abierto a analizar el tema de la eliminación del fuero a los servidores públicos en una segunda etapa de reformas en materia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo análisis iniciará en septiembre.
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, señaló lo anterior al ser cuestionada sobre la exclusión de ese tema en la reforma constitucional aprobada la víspera y que fue enviada a los congresos estatales para su ratificación.
"Esta primera parte es, diría, un primer piso o bien los cimientos para continuar con lo que viene, ¿y qué es el futuro de esto?, bueno, una vez que haya sido aprobado esta vuelta constitucional por los congresos locales y publicado esto por el Ejecutivo federal, procederá a lo que nos mandata el régimen transitorio", dijo en rueda de prensa.
En la siguiente Legislatura, en la LXIII, que inicia el 1 de septiembre, se prepara una agenda de los temas que faltan y lo necesario es construir todo un andamiaje jurídico que se integre al Sistema Nacional Anticorrupción, expuso la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
