Profanar con la raza el subsuelo

Las voces de quienes padecen o simplemente observan coinciden en que la crisis de derechos humanos en México tiene en las miles de historias de desaparecidos uno de sus capítulos más aberrantes.

"Porque no todos somos iguales." -Los Fabulosos Cadillacs

¿Quién sabe lo que es ser un desaparecido? En México hay más de 26 mil personas, tal es la cifra oficial con las salvedades propias del adjetivo, que podrían responder a esa pregunta. Lo complicado, cuando no imposible, del caso es localizar a tales individuos.

Las consecuencias de una desaparición, en cambio, son bien conocidas en todo el territorio nacional. Las familias, aquellas que se despojan del miedo, salen a protestar, cuentan la historia de sus seres queridos, exigen a las autoridades actuar, investigar, dar con ellos, vivos o muertos. Algunas de las víctimas por extensión, los que tienen o reúnen los medios, emprenden la indagatoria por su cuenta, con los riesgos implícitos, la tragedia mayor, por ejemplo, de incorporarse a las estadísticas delictivas en alguno de sus escabrosos renglones.

El gobierno mexicano, en respuesta a las demandas de justicia y eficacia ha hecho del desmentido su cara más notoria. Luego de las loas a la administración de Enrique Peña Nieto por las reformas emprendidas en los primeros meses del sexenio, vinieron los casos que acabaron con el “momento mexicano”, en especial, la desaparición de 43 estudiantes de una normal rural en el municipio de Iguala, Guerrero, la historia sin terminar, a pesar de la verdad histórica, conocida como el caso Ayotzinapa.

A informe limpio, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, medios internacionales y activistas sociales, dieron a conocer al mundo múltiples casos de lo que se ha definido como la crisis de derechos humanos en México.

Un capítulo especial de la crisis es el que conforman las personas sin localizar. La desaparición es un doloroso acto de magia que, en muchos casos, despoja a las familias no sólo de la normalidad al instalar la duda como única certeza por mencionar apenas un intangible y decisivo lastre.

COMISIÓN INCÓMODA

La última viga en el ojo mexicano fue expuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un equipo de sus especialistas visitó el país del 28 de septiembre al 2 de octubre de este año. Se despidió dejando un informe preliminar que causó un gesto adusto y palabras repelentes de las autoridades federales.

La gente del CIDH recabó testimonios en la Ciudad de México y los estados de Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz. Cinco días bastaron para que la Comisión reafirmara su convicción de que el país atraviesa por una “grave situación de derechos humanos”. Una de sus conclusiones fue que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura son elementos cotidianos en la situación extrema de inseguridad que se padece en territorio nacional.

“El efecto de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales es especialmente grave y desproporcionado sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos y demás grupos de suyo vulnerables”, esa es una de las frases que, según los especialistas de la CIDH, describen a la realidad padecida en suelo patrio.

La defensa del gobierno priista consistió en alegar que un informe preliminar realizado en tan pocas horas y con datos de casos particulares no puede reflejar la situación del país.

La Comisión, sin embargo, no lo vio todo a través de un filtro oscuro o negativo a secas. Reconoció avances como el convenio firmado en 2013 por la Procuraduría General de la República y organizaciones de la sociedad civil para colaborar en tareas de identificación de restos hallados en fosas clandestinas en Tamaulipas y Nuevo León. Desde su creación se han recuperado 22 identidades de migrantes.

La Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y la instalación del Registro Nacional de Datos relativo a personas sin localizar, además de las iniciativas de ley sobre Desaparición Forzada y Tortura en el ámbito federal fueron otros de los avances que destacaron los integrantes de la Comisión.

Además, el gobierno anunció la creación de un sistema nacional de búsqueda y de un sistema nacional de información genética que integre las bases de ADN disponibles en las procuradurías estatales.

La CIDH ve como urgente la necesidad de conformar una base de datos nacional de todas las personas desaparecidas y los perfiles genéticos de familiares ya que el fenómeno de los desvanecidos “ha alcanzado niveles críticos” y “es alarmante”.

NÚMEROS

El gobierno mexicano reporta 26 mil 580 personas desaparecidas o extraviadas, esto según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. La parcela más conocida de ese amplio campo de dolor es la que dejan visible los testimonios sobre secuestros perpetrados por grupos de la delincuencia organizada. La más alarmante, sin embargo, es la de seis mil niños y adolescentes que se desvanecieron entre 2007 y 2015. Los casos de mujeres perdidas han acumulado siete mil 060 expedientes del fuero común desde 2011.

La cuenta oficial también contiene a 662 migrantes reportados como desaparecidos o no localizados, 165 de ellos tenían menos de 19 años de edad cuando perdieron contacto con sus familiares.

Organismos internacionales y oenegés, sin embargo, han señalado que agentes del Estado mexicano también contribuyen a engrosar el horror con su extensa y documentada propensión a incurrir en el delito de desaparición forzada. Apenas si existen casos de servidores públicos castigados por este tipo de ilícitos. Luego del sexenio calderonista, en el que se inició la guerra contra el narcotráfico, se reportaron dos sentencias condenatorias pero ninguna de ellas con carácter definitivo.

La mayoría de las personas consideradas como "no localizadas" en el país se concentran en seis estados: Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua y Sinaloa. Un 72 por ciento son varones y la mitad no rebasa los 34 años.

El registro se basó en las denuncias presentadas por familiares de las víctimas. La mayor parte corresponde a personas sustraídas, muchas en sitios públicos, por grupos armados.

La cifra de desvanecidos se disparó a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón. Cerca de seis de cada diez denuncias que nutren el registro nacional se presentaron durante el período del panista. En promedio, once mexicanos desaparecen cada día.

En mayo de 2013 se creó un grupo especial de búsqueda de desaparecidos. La unidad entró en escena sin titular, sin presupuesto, sin instalaciones, sin agenda, con 12 agentes del Ministerio Público Federal.

Ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que había 15 mil 921 cadáveres sin identificar en las morgues de todo el país, que había recibido denuncias sobre más de 24 mil desaparecidos y que se estaban investigando dos mil 400 casos de desaparición forzada. La CNDH, sin embargo, no actualiza de forma sistemática esta información ni divulga las acciones de investigación emprendidas.

LA NO DENUNCIA

La CIDH, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), entre tantas otras instancias, coinciden en que el número oficial sobre desapariciones es una muestra representativa del fenómeno que azota al país.

En México, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2015, la cifra negra (ilícitos cometidos que no se denuncian) es del 92.8 por ciento.

Los motivos principales para no reportar un hecho delictivo son la desconfianza hacia las autoridades y el temor a sufrir represalias.

Además, decidirse a denunciar una desaparición forzada es como subir una larga, escarpada, pendiente bien conocida por el mexicano promedio, representa padecer a los agentes ministeriales, sus demandas de dinero para ir y hacer diligencias como la búsqueda de testigos presenciales; la negativa a facilitar los expedientes del caso, las demoras en aspectos de la investigación (aún cuando las autoridades promocionan el acto de denunciar con la mención de que las primeras horas son determinantes para resolver casos de secuestro o desaparición) como el análisis y manejo de evidencia o la identificación de restos encontrados.

TIPOS VARIOS DE AUSENCIA

El entramado jurídico dificulta dimensionar el problema de las personas no localizadas: sin códigos homologados y sin definiciones claras. Las autoridades estatales, por ejemplo, llevan registros de desaparición forzada, de secuestros, de extravíos, y otros tipos de ausencias como la privación ilegal de la libertad, sin embargo, no es clara la manera en que las autoridades deciden lo que es una desaparición y lo que no. También existen casos que exponen la resistencia de los agentes a indagar la línea de la desaparición forzada (los hechos se incluyen entre los casos de secuestro o extravío a pesar de los indicios que apuntan hacia la participación de representantes del estado).

Alejandro Hope, analista de seguridad y colaborador del IMCO, ofreció un dato esclarecedor sobre la manía de las autoridades a no permitir que una desaparición colectiva empañe los registros de criminalidad.

En septiembre del año pasado, y a pesar de los hechos registrados en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, las autoridades guerrerenses sólo reportaron conocimiento de ocho casos de secuestro y nueve víctimas. Los normalistas pues, también fueron estadísticamente desaparecidos.

José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que antes de la vorágine de las desapariciones en México, términos como secuestro o privación ilegal de la libertad alcanzaban a representar sin tanto problema la situación en que la delincuencia, ya fuera pública o privada, retiraba de la libre circulación a sus víctimas. El secuestro, por ejemplo, bastaba para darnos la idea de que se llevaron a una persona para exigir dinero. La privación ilegal podía tener cualquier fin distinto al de cobrar por la vuelta de la víctima.

Luego de un sexenio calderonista y una mitad de mandato peñista, en la realidad mexicana ya está bien afianzado un nuevo colectivo: “los desaparecidos”. Tal denominación abarca a personas que dejaron la escena cotidiana por voluntad propia o por causa de la delincuencia o por intervención de autoridades, o por un contubernio entre estos últimos sectores.

Entre los desaparecidos pues, hay secuestrados, pero, según Cossío Díaz, el término no alcanza a integrarse por completo al de la desaparición ni a distanciarse con perfecta claridad. Entre los “desaparecidos” también hay “levantados”, pero la distinción entre ambas también es evidente. Sufren un “levantón” quienes son privados de la libertad y frecuentemente acaban muertos por ajustes de cuentas con la mafia.

Según el ministro, en colaboraciones con medios nacionales e internacionales, en México hace falta construir, desde una perspectiva técnica, el concepto de desaparecido. No basta, afirma, con tipificar como delito de desaparición forzada las detenciones efectuadas por autoridades, como lo prescribe el Código Penal. Tampoco es suficiente, sostiene, poner como desaparecido a quien, con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida, que es lo dispuesto por la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Más de 26 mil ausencias sin resolver y en México aún no está claro lo que debe entenderse como desaparecido.

LOS OTROS

Ayotzinapa puso los reflectores en Guerrero, lugar en el que la búsqueda de los normalistas derivó en la creación de movimientos para buscar a personas perdidas o en la atención a organizaciones que ya llevan años buscando a los suyos.

La búsqueda de los normalistas llevó a descubrir 60 fosas clandestinas en Iguala con 129 cadáveres recuperados. Los Otros Desaparecidos, un comité guerrerense que busca a los ausentes de los que pocos sabían antes de la tragedia de los estudiantes, afirma que 450 personas han sido desaparecidas en ese estado desde 2008.

Los familiares realizan las búsquedas de fosas convencidos de la incapacidad institucional para responder a sus exigencias. De noviembre de 2014 a septiembre de 2015, desenterraron del olvido 104 cuerpos, siete de ellos fueron identificados.

Hay un Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que junto con el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), organiza cada año una Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

La más reciente inició en noviembre de 2014 y en los meses siguientes recorrieron 23 ciudades y 20 estados siguiendo la trayectoria de La Bestia, cuatro mil kilómetros de vías del tren, preguntando por sus hijos en plazas, centros de detención, estaciones migratorias, giros negros y demás.

En el MMM estiman que en la última década han desaparecido en territorio mexicano al menos 70 mil migrantes.

Los principales actores que contribuyen al trágico, por desconocido, fin del viaje, en los estados del sur, los pone el gobierno. Son los militares fuera de los cuarteles y la estrecha vigilancia en las rutas migratorias más conocidas, esto ocasiona que los migrantes se vayan por caminos menos seguros, de los que a veces no salen.

En el centro del país el monstruo comienza a adquirir la apariencia de los grupos criminales, situación que se agrava en el norte, en los territorios dominados por cárteles de la droga convertidos en la llave que regula el flujo migratorio, ellos deciden quién sigue, quién se queda con ellos y quién desaparece.

EL CASO ALLENDE

En Coahuila se lleva un registro con al menos mil 600 desaparecidos. Un caso emblemático, por numeroso, ocurrió en el municipio de Allende: la desaparición de 300 personas. Si bien no acaparó tantos reflectores como el caso Ayotzinapa, se trata de un hecho difundido a nivel internacional. Las autoridades encontraron en dicha demarcación varias fosas clandestinas y se recogieron 300 restos óseos.

En diciembre de 2009 se formó la Fuundec, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Comenzó con la reunión de 11 familias que buscaban a sus ausentes. A un par de meses de su sexto aniversario, los casos que manejan se cuentan por centenas. El desencanto hacia la respuesta gubernamental quedó evidenciado en febrero del año pasado, cuando rompieron relaciones con el gobierno de Rubén Moreira.

En la Fuundec denunciaron que se habían registrado graves anomalías (contaminación, alteración y pérdida de evidencia sustancial, entre otras) en las acciones de búsqueda, particularmente en el operativo realizado en la Zona Norte de la entidad.

Al mes siguiente del rompimiento, en una entrevista con diario español El País, el gobernador dijo: “A veces el Estado es incapaz de abrazarte”.

Expuso que en México no es el Estado el que está desapareciendo a la gente, sino el crimen organizado, aunque no descartó la colaboración de autoridades en esa clase de hechos. También defendió que la cifra de desapariciones en Coahuila había bajado "muchísimo" y que su gobierno estaba encontrando a la gente reportada como desaparecida.

El primero de octubre de este año, Rubén Moreira se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según un boletín de las autoridades estatales, los visitantes fueron puestos al tanto del impulso dado a la Subprocuraduría de Personas No Localizadas, de la creación de una Unidad de Búsqueda y de la entrada en vigor de una Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición.

El gobernador destacó el trabajo conjunto con organizaciones que buscan a sus seres queridos. Con todo y los logros destacados por Moreira Valdez, la CIDH concluyó que, en su calidad de estado fronterizo, Coahuila siente “de manera particular la violencia relacionada al narcotráfico y al crimen organizado”.

SECUESTRO

Un fenómeno que no está enteramente ligado al de las desapariciones, pero que tampoco puede ir muy lejos de él es el de los secuestros.

En su reporte para el período comprendido entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, la asociación Alto al Secuestro expone que hay registrados seis mil 341 casos. Con un promedio de 30 días por mes, calculan en esta organización, cada día se registran seis secuestros en territorio mexicano.

Son diez las entidades que concentran el 82.17 por ciento del total nacional de expedientes por dicho ilícito: Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Distrito Federal, Veracruz, Michoacán, Tabasco, Jalisco y Oaxaca.

Nueve entidades se ubican por encima del promedio nacional (5.64 casos por cada 100 mil mexicanos) en lo que respecta a la tasa de secuestros: Morelos (29.87), Tamaulipas (23.4), Guerrero (18.05), Tabasco (13.98), Estado de México (9.63), Zacatecas (7.17), Michoacán (7.17), Veracruz (5.7) y el Distrito Federal (5.7).

Entre enero y agosto de 2015, la asociación tomó nota de mil 197 privaciones de la libertad cuyo fin era obtener un rescate.

En el análisis de las cifras correspondientes al mes de agosto, se remarcó que las procuradurías estatales registraron en total 138 casos, pero reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) apenas 91 expedientes, de manera que se dejaron fuera de la estadística federal 47 secuestros y 66 víctimas.

Estados como Campeche, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas incurrieron en la práctica de no enterar al SNSP de las denuncias registradas por secuestro en sus agencias del Ministerio Público.

De enero a agosto de 2015, según Alto al Secuestro, hubo mil 517 víctimas de este ilícito y las autoridades detuvieron a mil 499 personas. La comparación entre las dos cantidades sirve a la asociación para reclamar que no hay suficiente eficacia en el actuar de los agentes investigadores porque no se detiene a un secuestrador por cada víctima.

Las cifras de la asociación, sin embargo, palidecen ante la dimensión que el INEGI le dio al problema. Según su encuesta de victimización y percepción de seguridad, a nivel nacional se estimaron 102 mil 883 secuestros a algún integrante del hogar sufridos por 99 mil 747 víctimas en 2014, con esos datos, México tiene 273 víctimas de secuestro al día.

IMPUNIDAD

Amnistía Internacional publicó en febrero pasado un documento elaborado para el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU sobre el caso mexicano.

Nada más empezando la lectura los analistas de AI señalan que las autoridades no han explicado cuántos de los desaparecidos son víctimas de desaparición forzada o de sustracción por parte de particulares, y cuántas podrían estar en paradero desconocido por otros motivos.

"La impunidad sigue imperando en estos casos", sentencian en la organización y agregan que los agentes de nivel federal y estatal incurren en una "inacción sistemática" que impide esclarecer qué pasó con las víctimas. Además, califican como inadecuados e insuficientes a los protocolos existentes para investigar las desapariciones.

Para Amnistía Internacional, el Estado mexicano ha encontrado una forma sencilla de restar importancia a la participación de servidores públicos en los casos de desaparición: culpar a la delincuencia organizada, esto a pesar de las evidencias, o cuando menos indicios, de que muchos organismos oficiales, como las policías, actúan en colaboración con los grupos criminales.

Las víctimas y sus familiares, critican en la organización, se topan con enormes obstáculos para recibir una atención adecuada de la policía y de los agentes del Ministerio Público cuando denuncian la desaparición de personas o hacen un seguimiento de sus denuncias.

No obstante, se reconocen avances como la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para proporcionar a las víctimas apoyos como reparación del daño y el hecho de que dos estados, Coahuila y Querétaro, aprobaran leyes para la declaración de ausencia de las víctimas de desaparición, requisito legal que deben cumplir los familiares de los ausentes para acceder a beneficios y recursos proporcionados por el gobierno.

Sin embargo, el sinsentido también se hace presente en ese paisaje que debería ser confortador. Por ejemplo, existe la posibilidad de conseguir un apoyo de parte de la CEAV consistente en 300 pesos mensuales. El enorme pero del asunto es que, para ingresar esa ayuda en los fondos en el hogar, la familia debe publicar en tres periódicos de circulación nacional la declaración judicial de ausencia, lo cual tiene un costo estimado de 30 mil pesos.

RECOMENDACIONES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional recomiendan al gobierno mexicano adoptar medidas para prevenir las desapariciones forzadas, realizar investigaciones inmediatas, efectivas e imparciales, y garantizar que los familiares de personas desaparecidas sean tratados con respeto y sensibilidad.

También se aconseja adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura; establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas víctimas de desaparición; mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta.

Otras recomendaciones son dar impulso al trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos en los casos que se encuentren en las rutas de migrantes, fortalecer las instituciones dedicadas a la investigación de restos para que cuenten con registros actualizados de personas desaparecidas.

Una tarea más que debe emprender el gobierno mexicano, según los observadores externos, es redoblar los esfuerzos para localizar fosas clandestinas en estados con altos niveles de violencia.

Ese es otro de los tópicos que dejan a las autoridades mal paradas a ojos de la opinión pública. En marzo pasado, la Procuraduría General de la República difundió que en el período de enero de 2006 a febrero de 2015 las autoridades dieron con 174 fosas clandestinas en terrtorio nacional. En junio, la PGR anunció que concentraría toda la información relacionada con esos depósitos de muertes sin registrar y en julio se difundió que, desde la desaparición de los normalistas, se habían encontrado 60 fosas tan sólo alrededor del municipio de Iguala.

La tarea de levantar piedra tras piedra, de ir puerta por puerta, en busca de los perdidos va a requerir en buena medida de la ayuda de la población, de quienes saben, por ejemplo, que a ciertos barrios de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, sitios donde la presencia de las fuerzas del orden es escasa, llegó gente, asegurada por grupos armados, y entró en alguna casa de la que nunca más salió o fue conducida a algún paraje para no volver a ser vista. Antes, sin embargo, las autoridades deberán dar pruebas de que merecen ese acto de valor, de solidaridad, por parte de quienes callan, temerosos de convertirse en una ausencia más. La experiencia heredada de los años de la “guerra sucia” en México -sigue la búsqueda de desaparecidos en las décadas de los sesentas y setentas del siglo pasado- no alienta la esperanza de que un día cercano, la sociedad mexicana y las instituciones del Estado, logren desentrañar las respuestas ocultas por aquellos que osaron profanar con su pala el subsuelo.

Correo-e: bernantez@hotmail.com